La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias en marzo de 2010 para investigar los pagarés de Nueva Rumasa. Según fuentes de la investigación, la Fiscalía solicitó ayuda a la Policía ante las sospechas de que esas emisiones de deuda colocadas entre particulares podían suponer una estafa o conllevar la comisión de otros potenciales delitos. La investigación, a cargo de los fiscales Alejandro Luzón y Juan Pavía, estuvo motivada por una denuncia presentada por la Agencia Tributaria a raíz de las advertencias emitidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
