MADRID. El Gobierno quiere que en 2013 todos los desempleados tengan acceso a un técnico de empleo que les oriente en el diseño de un itinerario personalizado que les facilite la vuelta al mercado laboral, aunque de momento en 2011 esta atención llegará a la mitad de los parados, en torno a 2 millones.

Esta es una de claves de la reforma de las políticas activas de empleo, aprobada hoy a través de un decreto-ley por el Consejo de Ministros, que tiene como meta "movilizar a las personas desempleadas para que no estén mucho tiempo desconectadas del mercado laboral", según la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez.

La reforma propone una descentralización de las políticas de empleo para que las comunidades autónomas puedan elaborar sus propios programas de acuerdo a sus necesidades, pero manteniendo un línea común que se concretará en una estrategia nacional de empleo en torno a octubre.

En un encuentro informativo, Rodríguez explicó que los itinerarios individualizados constituyen uno de los instrumentos de esa línea común que dará cohesión a todo el nuevo modelo de políticas activas, para que no haya diferencia de trato a los parados entre comunidades autónomas.

En 2010 ya fueron atendidos unos 900.000 desempleados por 1.500 orientdores, a los que este año se suman otros 1.500, lo que hará posible extender este servicio a cerca de 2 millones de personas sin trabajo en 2011, según avanzó.

En tanto no se universalice este nuevo sistema de atención, tendrán preferencia los desempleados jóvenes, de larga duración, mayores de 45 años y quienes provienen de sectores en crisis, como la construcción o el textil.

"Se trata de un traje a medida, que a partir de ahora será un derecho", afirmó Rodríguez, quien precisó que como contrapartida conllevará la obligación de participar en el camino específico que marque el orientador.

Esto se sustentará en un acuerdo personal de empleo, cuyo incumplimiento se entenderá como una infracción del compromiso de actividad, que ya está recogido en la ley y cuyo régimen sancionador no se endurece con la reforma.

"Ni el decreto ni el Gobierno tienen la visión de ir a por los parados para quitarles la prestación", según Rodríguez, quien considera que, al margen de situaciones muy concretas, el verdadero problema son las listas de espera para las acciones formativas.

Los itinerarios se elaborarán de acuerdo con los estudios, la experiencia y el sector al que se puede encauzar a la persona desempleada, lo que puede llevar al orientador a recomendar acciones formativas o la posibilidad de emprender un negocio propio, entre otras opciones.

Asimismo, cabe la posibilidad de que estos itinerarios puedan redefinirse en aquellos casos en que el desempleado no encuentre trabajo.

Otro de los elementos comunes de la reforma implica que todos los Servicios Públicos de Empleo autonómicos (SPE) contarán con un catálogo de servicios, que no sólo se ofrecerán a parados y ocupados, sino que por primera también llegarán a las empresas, a las que se ayudará en los procesos de selección de personal y de formación de sus trabajadores.

Una vez aprobado el decreto-ley, Gobierno, comunidades autónomas y agentes sociales comenzarán la negociación de la estrategia nacional de empleo, que definirá unas orientaciones a medio plazo y de la que emanarán planes anuales.

Rodríguez advirtió de que es una negociación inédita, que "no será fácil", pero confió en poder contar con las líneas estratégicas en octubre para que el 1 de enero de 2012 ya esté funcionando el primer plan anual.

Esta es la razón de que se haya aprobado la reforma por decreto ley, porque así puede entrar en vigor inmediatamente aunque luego sea tramitado en el Parlamento como proyecto de ley.

Según Rodríguez, el Gobierno no tiene intención de evitar el debate parlamentario, pero incidió en que la base de la reforma se pactó en conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas y que en ella han colaborado activamente los directores de los diferentes SPE.