Bilbao. El diálogo social camina hacia un nuevo horizonte, la negociación colectiva, con otro elemento de tensión entre sindicatos y empresarios: el debate generado en torno a la necesidad de modificar los criterios que rigen desde hace treinta años las subidas salariales en el Estado. El IPC es un tótem para las centrales e incluso para los trabajadores. Para ellos, es la forma más comprensible y natural de fijar los sueldos: las retribuciones suben en igual proporción que los precios y la negociación se centra en el porcentaje que se suma al fijo que marca la inflación. En época de crecimiento económico, la subida es notable. Cuando la economía se estanca, hay que conformarse con el IPC o incluso con menos. En periodos de crisis, y más en una tras profunda como la actual, la dinámica pasa por la congelación como norma y los recortes para las empresas más castigadas. Hasta la administración pública se ajusta el cinturón y el sueldo baja para gobernantes y funcionarios.
El esquema es tán básico que no despierta ninguna duda, pero la irrupción de una nueva variable, la productividad, descuadra las cuentas para la mayoría de los ciudadanos. La presión de la canciller alemana, Angela Merkel, ha abierto el melón de la reformulación de los criterios salariales. Se han sumado a la propuesta los empresarios, que llevan varios años reclamándolo, y más tímidamente los gobiernos español y vasco, que dejan finalmente la pelota en el tejado del recién recompuesto diálogo social. El modelo alemán suena como un icono de las buenas prácticas dentro de la empresa, pero lo cierto es que las diferencias entre ambos estados son de calado, tanto que la experiencia no parece aplicable al Estado.
Reunificación y crisis La reunificación alemana a finales de los ochenta y principios de los noventa obligó a modificar el modelo de diálogo social debido a las desigualdades existentes entre las dos históricas alemanias. Los primeros pasos del nuevo país discurrieron además paralelos a la crisis de 1993 y el nuevo esquema de negociación colectiva tuvo como principales ingredientes pactos salariales por debajo de la barrera del IPC y recortes en las prestaciones laborales recogidas en convenio. Al mismo tiempo, se extendió la dinámica de pactar en cada empresa las condiciones de trabajo relegando los convenios sectoriales.
Ese proceso ha continuado hasta la actualidad y en Alemania existen hoy más de 70.000 convenios, siete veces más que los registrados en el Estado cuando los trabajadores alemanes tan solo duplican a los españoles. El contraste ilustra las diferencias entre los modelos, muy centrada en Alemania hacia el convenio de empresa, precisamente la estrategia defendida en Euskal Herria por ELA.
En cualquier caso, la característica más singular del modelo alemán es la apertura de los consejos de administración a los sindicatos. En las empresas con plantillas superiores a los dos mil trabajadores, la representación de la parte social es prácticamente del 50%. El porcentaje disminuye en función del número de empleados.
La cogestión permite a los sindicatos participar activamente en la definición de los criterios salariales, que también tienen en cuenta la inflación. Los planteamientos de las centrales sin embargo incluyen la coyuntura económica y los beneficios empresariales. Pese a que la propuesta no encaja en el Estado con los planteamientos sindicales, la marea parece imparable.
UGT y CCOO han abierto esta semana la negociación para modificar el marco de los convenios colectivos. La cuestión de la productividad ha sido aparcada directamente para no tensionar el diálogo. Los sindicatos en cualquier caso afirman que están dispuestos a hablar de la cuestión con la condición de que asumir el planteamiento no suponga un recorte salarial generalizado.
En la base del debate está la percepción común de que las diferentes realidades de ambas economías sitúan la experiencia alemana como una referencia que no puede ser en ningún caso un espejo. Sin embargo, también parece inviable mantener el actual esquema.
Los expertos apuestan por adaptar los convenios a la realidad de cada empresa, porque ligar los sueldos a los índices de productividad sectoriales o del conjunto de la economía estatal conllevaría grandes desigualdes entre los trabajadores y lastraría la competitividad.
la clave l La presión alemana. El Plan de Comepetitividad de Alemania y Francia incluye la vinculación en toda la UE de los salarios a la productividad. El objetivo en cuanto al Estado es eliminar la cláusula de revisión salarial, que aumenta automáticamente los sueldos si el IPC sube por encima de lo previsto en los convenios. la cifra 2% l Subida salarial en 2011. Es la media del aumento de sueldos en el estado, un punto por encima del incremento de la productividad.
