Vitoria

. Los ciudadanos sabrán esta semana cuánto tiempo tendrán que trabajar los próximos jubilados para acceder al cien por cien de la pensión. Aunque Ejecutivo, sindicatos y la patronal de una forma más testimonial seguirán negociando, no hay tiempo para mucho más. Es momento de ir al grano, el enorme obstáculo que supone el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años, y sondear las posibilidades de éxito del diálogo social, porque con o sin acuerdo, el Gobierno español aprobará el próximo viernes el nuevo marco legal de la jubilación.

En esa tesitura, el simple hecho de que la negociación siga viva después de este pasado fin de semana se interpreta como una clara señal de que es posible que llegue a buen término sin que haya trascendido ningún tipo de avance. Máxime cuando los dos principales agentes de este diálogo ceñido al tema de la jubilación, los sindicatos y el Gobierno socialista, saben que el único resorte que puede propiciar el acuerdo es la flexibilización de la barrera de los 67 años.

Zapatero no está dispuesto a renunciar a fijar esa referencia porque es un activo es su lucha casi diaria contra los especuladores que han situado la deuda soberana española en su punto de mira. Comisiones Obreras y UGT no pueden asumirla ante sus afiliados. En medio de ambas posiciones, hay recorrido con la puesta en marcha de mecanismos que permitan a los trabajadores con vidas laborales más largas sortear los 67 años.

margen para el acuerdo Es el planteamiento por el que apostó el PNV en los debates del Pacto de Toledo, foro en el que los partidos fueron incapaces de consensuar una postura precisamente por la tensión que añade también en el ámbito político el aplazamiento de la edad de jubilación. Conscientes de que esa es la única posibilidad de acuerdo, los sindicatos y el Ejecutivo confían en que la otra parte ceda. Las posiciones, de hecho, no están tan definidas como hace una semana.

Los portavoces de Zapatero plantearon al inicio del diálogo que aquellos trabajadores que coticen 41 años puedan jubilarse a los 65 con la totalidad de su pensión generada como ahora. Eso supondría que una persona que encuentra trabajo con 24 años y se mantiene sin ninguna laguna en el mercado laboral se jubilaría a la misma edad de hoy.

Es un planteamiento irreal para los sindicatos. La mayoría de los jóvenes no encuentra trabajo con facilidad y se enfrenta al principio de sus carreras a la inestabilidad de los contratos basuras. Por ello, CCOO y UGT propusieron un mínimo de cotización de 35 años -igual que en la ley actual- como garantía de que la jubilación a los 67 años no será universal.

Sin efectuar propuestas concretas, se asume desde una perspectiva que el Gobierno está dispuesto a situar la barrera de cotización por debajo de los 40 años y se observa desde la otra voluntad sindical para admitir una cifra superior a los 35 años.

Quienes el viernes auguraban que era posible que se alcanzara un acuerdo entre el sábado y el domingo, seguirán confiando hoy en que el proceso cristalice. Incluso es posible que alguno de los medios de comunicación oficiales del Ejecutivo haya informado esta misma mañana en ese sentido, porque ayer cundía la sensación de que Zapatero no puede retrasar mucho más el acelerón final que está obligado a dar si no quiere aprobar en solitario el recorte de la jubilación.

El asunto es tan complejo y tiene tantas aristas, algunas afiladas por el propio Gobierno al meter en el diálogo la cuestión nuclear, que tampoco puede descartarse que a estas alturas ya se hayan roto las negociaciones.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Valeriano Gómez, comparecerá hoy ante la prensa para informar de la ayuda que sustituye a los 420 euros para los parados que hayan agotado su prestación. La reforma de las pensiones planeará previsiblemente durante su comparecencia, pero Gómez incidirá casi con total seguridad en la estrategia de mantener el proceso fuera del foco de la opinión pública.

Una dinámica que no ha impedido que la negociación haya estado exenta de polémica por las informaciones que se han ido filtrando a los medios.

Primero fueron los cambios en el desarrollo reglamentario de la reforma laboral para endurecer el despido objetivo de 20 días cuando las empresas aleguen pérdidas económicas previstas. Y luego la entrada en escena de la central nuclear de Santa María de Garoña , que el Gobierno, supuestamente, se habría ofrecido a mantener a cambio de que los sindicatos apoyaran su reforma de pensiones.