BILBAO. El intento de asalto de la constructora ACS sobre Iberdrola va a tener uno de sus capítulos definitivos esta próxima semana con el enfrentamiento judicial emprendido por la compañía presidida por Florentino Pérez contra Iberdrola en la que se cuestiona la decisión mayoritaria de los accionistas de la eléctrica de no permitir la entrada en el Consejo de un representante de la compañía madrileña, -pese a ser un accionista importante-, por considerar que es un competidor que persigue objetivos que cuestionarían el bien general de la empresa vasca.

Iberdrola y ACS se enfrentan esta próxima semana en un juicio en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao por la demanda interpuesta por la constructora contra algunos acuerdos de la última Junta de accionistas de la eléctrica, que le impidieron entrar en el consejo de administración de la empresa presidida por Ignacio Galán por considerar que "existe una competencia estructural en energías renovables e ingeniería". Esto es lo que tendrá que decidir el juez: si ACS, como parece en función de los datos, se ha convertido en un competidor de Iberdrola en energía, incluidas las infraestructuras del coche eléctrico, e ingeniería lo que justificaría el rechazo de los demás accionistas a dejarle entrar en el consejo. Que ACS se ha volcado en los últimos años en el área de energías renovables es algo obvio y, positivo, dado el parón de la construcción, como se desprende del hecho de que en 2008, las áreas citadas supusieron el 41% de la facturación total del grupo ACS y cerca de un tercio del valor de la compañía. Es más, el grupo de Florentino Pérez, consciente de la existencia de esa competencia, ha puesto en venta, ahora, toda la división de energías renovables con el doble objetivo de no dar excusas en el futuro a un nuevo intento de entrar en el Consejo de Administración de Iberdrola y de hacer caja para reducir el endeudamiento de ACS.

La deuda de ACS, empresa que se ha expandido y que ha entrado en Iberdrola comprando a crédito, condiciona totalmente la estrategia de Florentino Pérez, apremiado también por la banca prestamista, volcado en intentar controlar la eléctrica para poder sanear sus cuentas.

Por supuesto, nadie discute el principio de que un accionista significativo, y ACS lo es, tenga derecho a estar representado en el consejo pero sí se cuestiona que el derecho a designar miembros del consejo, reconocido por la ley a las minorías accionariales en virtud del sistema de representación proporcional, "no está por encima de la regla general de prohibición o incompatibilidad relativa que recae sobre el competidor para ser administrador de una sociedad" tal y como se cita en varios informes jurídicos presentados por Iberdrola en las vistas previas al juicio.

La cita será el próximo martes, día 18, a partir de las diez de la mañana y viene precedida de la audiencia previa al juicio que se celebró el pasado 7 de octubre y en la que ambas partes se ratificaron en sus posiciones. Como se recordará el origen de la demanda se remonta a la Junta de accionistas de Iberdrola celebrada el pasado 26 de marzo de 2010, a la que acudió ACS con la intención de designar a un representante en el consejo de administración de la eléctrica. En ese momento, contaba con los derechos de voto correspondientes al 12,6% de las acciones de la eléctrica, un porcentaje que, según ha comunicado recientemente a la CNMV, se ha elevado hasta el 20,2%. En concreto, el grupo constructor madrileño dirigido por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez impugnó dos de los acuerdos de esa Junta, uno de ellos fue la decisión de los accionistas de Iberdrola de destituir al consejero que había designado en esa misma reunión (José María Loizaga). El otro acuerdo era la reducción a 14 del número de miembros del consejo.

Argumentos Iberdrola Iberdrola alega que ACS es un "competidor directo" para impedir su entrada en el consejo y tratará de demostrar en el juicio que existe entre ambos grupos un conflicto de competencia estructural, directo y permanente. La eléctrica afirmaba el pasado mes de julio que la entrada en el consejo de ACS podría poner en riesgo 1.400 millones de euros.

Con el objetivo de demostrar la existencia de ese conflicto, la compañía vasca ha incorporado al procedimiento varios documentos e informes técnicos, como dos periciales de la firma Nera Consulting, cuatro de PricewaterhouseCoopers y otro del catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Benito Arruñada.

Argumentos ACS Por su parte, el grupo de Florentino Pérez defiende que no existe ese conflicto estructural y permanente, sino algunas coincidencias "puramente puntuales" en algunos ámbitos de energías renovables e ingeniería industrial.

ACS entiende que se ha "cercenado el derecho" de la empresa a tener un representante en el consejo y critica que Iberdrola esté "obstaculizando" su presencia en el mismo. La constructora cuantificaba en el pasado mes de julio en 800 millones de euros en patrimonio y, al menos, 97 millones en resultados el impacto negativo para ACS de no estar presente en el consejo de Iberdrola.

Previamente a este juicio, el mismo juez tuvo que dirimir sobre la petición de ACS de que se suspendieran cautelarmente los dos acuerdos de la Junta de Iberdrola que impugnó. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 denegó esas medidas cautelares al considerar que no se había acreditado que el conflicto de intereses entre ambas compañía fuese sólo "accesorio y puntual".

Eso sí el juez, sin prejuzgar lo que acontezca en el juicio que se inicia el martes, ya señaló que parecía existir "un conflicto económico de gran entidad entre ambos grupos".

Mientras tanto en Madrid, Iberdrola ha conseguido, en la previa de su demanda contra ACS por supuestas irregularidades en sus cuentas, que el juez obligue a Natixis a desvelar el acuerdo que tiene con ACS sobre el 5% del capital de Iberdrola.