madrid. Los aeropuertos españoles recuperaban ayer el ritmo habitual de las operaciones aéreas tras la reincorporación de los controladores a los centros de control y las torres aeroportuarias, mientras el ministro de Fomento, José Blanco anunció 442 expedientes disciplinarios a controladores.
En rueda de prensa, en principio la última que tiene previsto ofrecer el ministro ante la creciente normalización de la situación, Blanco explicó que las sanciones derivadas de los expedientes serán individuales y pueden acarrear desde su archivo, a una sanción económica o a la pérdida del empleo.
El titular de Fomento, que se mostró confiado en solucionar los conflictos en ciernes de los trabajadores de AENA por la privatización parcial del ente y la huelga de pilotos, aún sin convocar, pero preparada por el Sepla, dijo que por la mañana ya habían sido realizadas 1.580 operaciones con unos 162.000 pasajeros trasladados desde la apertura del espacio aéreo (a las 19.00 horas eran ya 2.470), cerrado durante 18 horas.
Blanco señaló ayer que no habrá negociación sindical con los controladores mientras dure el estado de alarma y aseguró que "ahora toca hacer justicia".
AENA informó desde primera hora de la mañana de normalidad en los centros de control y en las torres de los aeropuertos españoles con la incorporación, prácticamente total, de los controladores a sus puestos. De los 296 controladores que debían incorporarse ayer en su turno a las ocho de la mañana, lo hicieron 286, lo que a juicio del ente público supone "entrar en una situación de normalidad".
Blanco dijo en su comparecencia que en el turno de la noche se presentaron a sus centros de trabajo el 96% de los controladores y que en el turno de mañana lo hizo el 97%, "y los que no han acudido lo han hecho por causa justificada".
El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, también realizó declaraciones ayer. En una entrevista en Onda Cero concluyó que "quien le echa un pulso al Estado, pierde". Rubalcaba justificó que el estado de alarma "había que hacerlo" porque "no puede ser que periódicamente se eche un pulso al Estado sin que el Estado responda", subrayó el vicepresidente, que dejó claro que la "irresponsabilidad" y la "tropelía" de los controladores "no les van a salir gratis".
Sobre las críticas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por no ser él quien informara públicamente del estado de alarma, Rubalcaba ha asegurado que el jefe del Ejecutivo ha estado al frente de la nave en todo momento y ha sido quien finalmente ha tomado las decisiones.
Rubalcaba calculó un plazo de 48 horas para recuperar la normalidad en los aeropuertos españoles y dijo que los controladores militares están preparados para controlar una parte del tráfico aéreo, pero no todo.
El PP, por su parte, declaró ayer que dará al Gobierno todo el apoyo que necesite para solucionar el caos aéreo y remontar las dificultades económicas que se deriven, pero no dejará de exigir al Ejecutivo que aclare sus negociaciones con los controladores durante estos días y los últimos años.
Así se expresó la portavoz del grupo popular en el Congreso, Soraya Saénz de Santamaría, para quien la comparecencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Cámara el próximo jueves no es una iniciativa suya, sino un requerimiento constitucional y parlamentario que ha de cumplir.
Sáenz de Santamaría dejó claro que la responsabilidad de lo ocurrido en los aeropuertos españoles es de los controladores, a quienes exigió que se aplique todo el peso de la ley. Lo que han hecho "no es admisible en democracia", sentenció.
temor entre los controladores Del otro lado, los controladores no quieren hacer declaraciones públicas por la incertidumbre que supone estar sometidos a un régimen militar con la declaración del estado de alarma. Mientras esté en vigor, dijo ayer el ministro de Fomento en rueda de prensa "no hay interlocución sindical".
Ante esta situación, los portavoces prefieren mantener la prudencia, aunque sus portavoces tienen abiertas sus líneas de teléfono para cualquier consulta que quieran realizarles los medios de comunicación, aseguró César Cobo, portavoz de USCA. Insistió en que el sindicato prefiere no hablar en público, dado que no sabe si, bajo el régimen militar en el que se encuentra el colectivo de controladores aéreos, pueden o no hacer declaraciones públicas.
Los controladores han recibido apoyo y solidaridad del colectivo del sindicato de tripulantes de cabina, Stavla, que critica la gestión realizada por el Gobierno en la negociación de su Convenio Colectivo, "militarizando el sector y recortando los derechos fundamentales".
La gestión del Gobierno también ha sido criticado por el sindicato CGT, que, tras expresar su solidaridad con los afectados, condena "el linchamiento mediático".
