Bruselas. Hace apenas un año Bruselas lanzaba un ultimátum por no haber recuperado las ayudas de las conocidas vacaciones fiscales vascas vigentes en la década de los noventa. Ayer los servicios de la competencia que dirige el bilbaino Joaquín Almunia cumplieron su amenaza. Nueve años después de declararlas ilegales y casi cuatro años después de la primera sentencia de la Corte europea anunciaron que remiten de nuevo el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE y que está vez pedirán una multa millonaria que a fecha de hoy ronda los 40 millones de euros pero que seguirá aumentando sin piedad si no se devuelvan las subvenciones.
El intercambio de información, los continuos viajes a la capital europea, las reuniones mantenidas por varios funcionarios técnicos al más alto nivel político durante todos estos ejercicios no han servido de bálsamo frente a la dura oposición que mantiene sobre este esquema la Comisión Europea.
Pero con esta decisión no termina el enconado enfrentamiento que desde hace más de una década mantienen los servicios de la competencia comunitarios frente a las haciendas forales vascas.
Es más, cabe destacar que hasta que se pronuncien los jueces europeos transcurrirán una media de dos años que es el tiempo que suele habitualmente tardar en dictar sentencia.
Pese a la decisión, las tres diputaciones forales están juntas en esta batalla. Mantienen que ya hicieron los deberes y se recuperaron todas las cantidades exigidas aunque en Bruselas siguen sin creérselo.
"Pese a que han transcurrido casi cuatro años desde la sentencia, España aún no ha completado el procedimiento de recuperación", advirtió ayer Amelia Torres, portavoz de competencia. De ahí que proponen finalmente una multa de 25.817 euros por cada día transcurrido desde la sentencia dictada el 14 de diciembre de 2006 hasta que se pronuncie de nuevo el tribunal, lo que eleva a día de hoy la cuantía de la sanción a casi 40 millones de euros.
La cifra, no obstante, podría ser mucho más elevada y superar incluso los 56 millones de euros si no se devuelven antes de que los jueces se pronuncien de nuevo. Además, los servicios de la competencia piden también una multa diaria disuasoria de 236.044 euros diarios a partir de la segunda resolución del Tribunal y hasta que las ayudas sean recuperadas.
"El objetivo no es imponer una multa sino obtener una recuperación rápida de las ayudas ilegales concedidas a las empresas beneficiarias. El mensaje es claro: cuanto más rápido se recuperen menos habrá que pagar", precisó Torres.
Lo que sigue sin aclarar Bruselas son los montantes que en su opinión todavía no han sido devueltos ni cuántas empresas están afectadas, aunque extraoficialmente hoy en día se mencionan cifras cercanas a los 750 millones de euros y 300 empresas beneficiadas.
En todo caso, desde las diputaciones forales dicen estar tranquilos, que ya han remitido a los servicios de la competencia miles y miles de folios, y que "deberán transcurrir más de dos meses hasta que el servicio jurídico de la Comisión Europea presente la demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por lo que habrá que esperar a conocer los detalles", señalaron ayer desde la Diputación foral vizcaína.
"Ahora toca contrastar los motivos de las discrepancias y analizar la fórmula de cómo hacer una defensa institucional y jurídica de nuestra posición", añadió el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano.
El Gobierno Vasco también se vio obligado a saltar a la palestra y garantizar que trabajarán "conjuntamente" con las diputaciones y el gobierno español para impedir que este caso obligue al cierre de empresas.
Según el lehendakari, Patxi López, las "mal llamadas vacaciones fiscales eran compatibles con las directrices europeas", por lo que habrá que evitar que "cualquier sentencia venga a significar que se cierra ninguna empresa en Euskadi".
