Vitoria. Encierros, protestas y cortes de vías férreas y carreteras marcaron ayer el día después de que UGT y CCOO anunciaran la convocatoria de una huelga de cuatro días (22-23 y 29-30 de septiembre) en el sector minero. El punto de partida fue la llegada de seis representantes de las secciones mineras de ambos sindicatos que desde la medianoche de ayer están encerrados en la sede del Ministerio de Industria para exigir soluciones a los problemas por los que atraviesa el sector del carbón y para reclamar el pago de las nóminas de los trabajadores de las compañías Viloria y Alonso.

Los sindicalistas iniciaron su encierro después de que la reunión mantenida con el ministro de Industria, Miguel Sebastián, el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, y el director general de Política Energética y Minas, Antonio Hernández, finalizara sin un resultado satisfactorio.

Por su parte los cuatro mineros en huelga de hambre desde el lunes de Ponferrada (León) confirmaron ayer su intención de continuar la protesta. Uno de ellos, Miguel Menéndez, lamentó que con la actual situación de bloqueo del carbón y la actitud cerrada de los empresarios se ven sin cobrar "hasta noviembre". El minero calificó de "ridículo" que el Gobierno haya esperado quince años para investigar a los empresarios de los Grupos Viloria y Lamelas -los que no han abonado aún sus salarios-, y expresó sus dudas de que el requerimiento del Ministerio de Industria para que especifiquen a qué han destinado las ayudas públicas "llegue a buen puerto".

Por su parte, el medio centenar de mineros que desde hace quince días permanecen encerrados en el Pozo Las Cuevas de Velilla del Río Carrión (Palencia) también decidieron mantener su protesta de forma indefinida.

petición Por su parte y durante el Consejo Europeo celebrado en Bruselas (Bélgica), el jefe del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió al presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, que agilice la autorización del Real Decreto español con las ayudas al carbón. Según apuntaron fuentes del Gobierno español, el Ejecutivo no tiene dudas de que esta medida será autorizada por la Comisión, aunque sí reconocieron que hay "división de opiniones" entre los miembros de la UE sobre la continuidad de ese respaldo a un sector deficitario y contaminante. Las palabras del comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, en las que se mostró prudente sobre la aprobación de este decreto, ilustrarían esas dudas.