BILBAO. El pacto, auspiciado por el Gobierno vasco, se firmó el pasado día 16 con unas setenta entidades sociales y económicas, entre las que no se encuentran las diputaciones, ayuntamientos y sindicatos.
El sindicato nacionalista ha insistido hoy en que el objetivo de este acuerdo "es claro: ahora que la situación económica ha afectado al sector de la construcción, socorrer al mismo".
ELA ha agregado que el pacto "deja en un segundo plano que el verdadero problema de la situación de la vivienda, y más aún en situación de crisis, son las miles y miles de personas que no pueden acceder a una vivienda, o que tienen que hacerlo con un sobreesfuerzo inhumano".
El sindicato ha considerado que "cuando las cosas le han ido bien al sector, a costa de las necesidades humanas, no se le ha puesto ningún límite", y ahora que le va peor se pretende colaborar con él para compartir sus "riesgos y oportunidades".
Respecto a las ayudas que se plantea conceder al sector, como "poner en marcha fórmulas para una mayor rentabilidad de los suelos, o aumentar los precios de las viviendas protegidas", ELA ha dicho que se producirán "a costa de las personas adjudicatarias de vivienda protegida, o de la sociedad en general".
ELA también ha denunciado que el pacto supone una financiación encubierta para las centrales CCOO y UGT, al plantear la colaboración con los sindicatos para incrementar la seguridad laboral en la construcción de vivienda protegida.
Bajo esta presunta colaboración, ha objetado, "se encuentra la liberación de delegados sindicales para la inspección; ELA no acepta este modelo, y exige que se aumente la labor inspectora de la administración".
El sindicato ha concluido que, con este acuerdo, "en lugar de requerir a las constructoras un cambio en el modelo de construcción especulativo de los últimos años, se plantean una serie de medidas para que todo siga igual, y abrillantarles esta coyuntura económica".
