LA situación resulta familiar al común de los contribuyentes. Tras pedir un presupuesto para una obra menor en el hogar, el autónomo ofrece la posibilidad de no cobrar el IVA o de realizar un ajuste aquí y otro allá para reducir su impacto en la factura. El cliente se siente atrapado en una red de fraude fiscal, justo en medio de su conciencia -o el temor a Hacienda, según cada uno- y su cartera. No entiende muy bien qué pasa pero termina inclinando la balanza hacia su bolsillo. La crisis ha ensanchado el margen de esas actuaciones, más reclamadas por ambas partes. Unos buscan dinamizar su negocio y otros pagar menos por las obras.

"En estos momentos no se puede encarecer las obras un 16%, sería un desastre para todos", asegura a DNA una decoradora que coordina reformas y que lima las facturas de cada gremio para que el montante final no sea una losa para el mantenimiento de la actividad. Evidentemente no desea que aparezca su nombre en la información.

Tampoco Fernando, nombre ficticio de un pintor que hace "precio de amigo" a clientes presentados por otros clientes de confianza. La flexibilidad del IVA es la principal herramienta de la rebaja.

Hacienda lo sabe bien. Un impuesto que grava la actividad es difícilmente controlable. Si el cliente y el autónomo están de acuerdo no se puede demostrar que ha habido una relación comercial entre ambos. La actividad se disipa, no existe a efectos tributarios.

En realidad, ni las dos personas consultadas por este diario ni la mayoría de los trabajadores por cuenta propia comete fraude fiscal. Los autónomos que ingresan menos de 450.000 euros al año, la inmensa mayoría, pagan el IVA por módulos, es el régimen simplificado.

IVA por módulos En esencia cada tres meses ingresan en Hacienda un fijo en función de unos parámetros preestablecidos para cada actividad. En el último trimestre del año hacen la liquidación anual. Declaran el IVA que han cobrado y descuentan el que ellos pagan a proveedores o a otros autónomos que les prestan servicios. La administración fija una cuota mínima a pagar para cada actividad. Cuando las circunstancias así lo requieren, todos los eslabones de la cadena se acomodan y la factura se reduce.

Con el sistema de módulos, los carpinteros o los fontaneros cotizan por ejemplo por el personal empleado, el consumo de energía eléctrica o la potencia fiscal de su vehículo. En la hostelería es más complejo. Un restaurante o una cafetería paga IVA en función del personal, de la potencia eléctrica contratada, las mesas de las que dispone y las maquinas recreativas y tragaperras que instala. Los bares cotizan 55 euros por metro de barra.

¿Comete fraude un bar que declara menos mesas de las que tiene o que saca una del almacén cuando esta todo lleno? Las haciendas vascas consideran que esas actuaciones, entendidas siempre que sean en pequeñas cantidades, entran en el terreno de la "picaresca". La cruzada contra el fraude fiscal no se detiene en esos pequeños detalles, que, además, en cierta forma dinamizan la actividad en medio de una crisis como esta. Desde 2003 hasta enero de este año sólo en Bizkaia se ha detectado una bolsa de fraude de casi 1.300 millones de euros. La mayoría de las actuaciones ilegales están relacionadas con el IVA. Son los sectores en los que realmente se mueve dinero, con el inmobiliario o la compraventa de vehículos de lujo a la cabeza donde las irregularidades son más generalizadas.

"Hay que medir bien las facturas. Ajustarlas de tal modo que todos salgamos beneficiados, hasta Hacienda, que sólo dejará de recibir una pequeña cantidad", asegura la decoradora consultada por DNA. "Ir mucho algo más allá sí supondría un fraude. Las cosas no están como para que te caiga una inspección de Hacienda", añade.