El gobierno foral de Ramón Rabanera (PP) retiró en diciembre de 2006 el proyecto de presupuestos forales de 2007 por falta de apoyos, para evitar que fueran rechazados por la oposición en las Juntas Generales y devueltos al gobierno foral.
En su informe de fiscalización del ejercicio 2007, hecho público hoy, el TVCP ha advertido de que la retirada de los presupuestos se hizo "incumpliendo el artículo 46 de la norma foral de Régimen Económico y Presupuestario del Territorio Histórico de Araba".
Según el TVCP, la normativa de prórroga no indica el presupuesto de ingresos que entra en vigor el 1 de enero, "lo que generó un presupuesto inicial desequilibrado de 15,7 millones de euros".
Además, el órgano fiscalizador ha explicado que se prorrogaron diversas partidas presupuestarias del capítulo 6 por importe de 2,7 millones, "siendo dudosa su consideración como de reposición y mantenimiento".
En este sentido, ha aconsejado que la Diputación debe analizar dichas partidas prorrogando estrictamente las que sean de reposición y mantenimiento.
No obstante, el órgano fiscalizador opina de manera positiva sobre el cumplimiento de la legalidad por parte de la Diputación alavesa en el ejercicio 2007 aunque señala algunas excepciones, entre ellas la de los presupuestos.
Además, el TVCP hace hincapié en la "incertidumbre" que generan los recursos de casación que están pendientes de resolución contra la decisión de la Comisión Europea de declarar ilegales determinados artículos de normas forales del 94 y del 96 (las ayudas a las empresas).
El órgano fiscalizador recuerda que también están pendientes de resolución los recursos presentados por 57 empresas a quienes se les reclama el reintegro de las ayudas fiscales recibidas y por otras 13 empresas cuya resolución no supone reintegro alguno.
Además, cuatro empresas han presentado recursos ante la Sala del Tribunal Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por perjuicio patrimonial, sin que a la fecha actual se le haya comunicado a la Diputación alavesa actuación alguna.
En cuanto a los ingresos fiscales, el TVCP critica que no se haya motivado un ingreso extraordinario de 21 millones de euros que fijó el Consejo Vasco de Finanzas para la Diputación alavesa.
En lo que respecta a la política de personal, el órgano fiscalizador señala en su informe que la Diputación alavesa no incluyó en sus declaraciones fiscales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las cesantías pagadas a 24 altos cargos por importe de 162.000 euros, al no considerarlas como retribuciones sujetas al IRPF cuando la normativa tributaria no contempla exención para estas retribuciones.
Asimismo, el órgano fiscalizador observa otras salvedades al cumplimiento de la normativa legal en la concesión de algunas subvenciones a dos entidades sin ánimo de lucro por importe de 514.000 euros y en las subvenciones a entes locales dentro del Plan de Ayudas al Sector Agrario Alavés, que ascienden a 2,2 millones de euros.
