bilbao. Después de nueve años de desencuentros en torno a los aspectos laborales de la función pública, el sindicato ELA alcanzó ayer un acuerdo con el Gobierno vasco sobre los incrementos retributivos de unos 70.000 trabajadores públicos para 2010 y 2011. Este acuerdo en el marco de la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, suscrito también por CC.OO. mientras UGT aplaza su posible ratificación, recoge, entre otras cosas, el compromiso del Ejecutivo para consolidar cerca de 4.600 puestos de empleo temporal en los próximos tres años.

En salarios el incremento general pactado para los empleados de la administración vasca para el año 2010 es del 0,3% de las retribuciones anuales íntegras. Es el incremento mínimo de obligada aplicación, porque así se establece en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Habrá otra subida del 0,5% como complemento específico, una deuda comprometida por el anterior gobierno. El acuerdo ha permitido diferir su abono en dos ejercicios (2010 y 2011). El 0,5% del complemento específico para el año 2011 es una deuda comprometida, pendiente y aplazada.

No se asume ningún compromiso de incrementar la aportación al sistema de Previsión Social Complementaria (la AGE se ha comprometido a un incremento del 1,5% en tres años).

También se asumen compromisos que contribuirán a dar mayor estabilidad a la plantilla y a reducir los niveles de interinidad del personal, lo que redundará en una mejora en las condiciones de trabajo del personal empleado público.

Analizada la estructura del empleo en la administración vasca, la realidad muestra la existencia de empleo temporal que debe tener carácter estructural. Se adquiere el compromiso de realizar un proceso de consolidación de alrededor de 4.600 puestos de empleo temporal a la plantilla estructural en los próximos tres años, sobre todo en aquellos ámbitos que tienen que ver con la prestación de servicios públicos a la ciudadanía como son Sanidad, Educación y Justicia.

Para disminuir la interinidad del personal, se ha acordado la convocatoria de concursos de traslados y OPES en aquellos ámbitos donde esta situación se da con mayor gravedad: Educación, Osakidetza y Administración General.

La externalización de servicios públicos es objeto de preocupación para el Gobierno y para las organizaciones sindicales. Ambas partes coinciden en el valor preferente de la gestión pública de los servicios a los ciudadanos. La administración asume el compromiso de no realizar externalizaciones de nuevas actividades y de revisar las actuales para velar por que cumplan la normativa legal. Además, con el objetivo de rejuvenecer las plantillas, se adquiere el compromiso de garantizar el contrato de relevo a todo el personal laboral que, cumpliendo los requisitos, lo solicite.

El Gobierno vasco destaca el acuerdo para extender el permiso de seis días por asuntos particulares a aquellos colectivos que aún no lo disfrutaban, como el personal de Lakua y de Interior, aunque lo hará de forma gradual en el plazo de dos años para facilitar su asunción por las plantillas.