ue una de las primeras decisiones que tomó Jacques Rogge cuando llegó a la presidencia del COI en el año 2001: encargar un informe que detallase cuánto dinero necesitaría el organismo para, en caso de que unos Juegos Olímpicos no se celebrasen, sobrevivir cuatro años más hasta los siguientes. Un año después, en 2002, obtuvo la respuesta: 192 millones de dólares. Hoy, tras dos décadas de esplendor económico en el Movimiento Olímpico, esa reserva alcanza los 897 millones, según datos de 2018.

La Fundación del COI es la “reserva primaria de fondos del COI” y su propósito es “cubrir los gastos operativos del Comité durante una Olimpiada en la que no se celebren unos Juegos Olímpicos”, algo que podría ocurrir si finalmente se posponen los de Tokio 2020 hasta 2021 o quien sabe si hasta 2022.

Cuando Rogge dispuso que se contemplase financieramente la posibilidad de una Olimpiada sin Juegos, las arcas de la Fundación tenían 140 millones, por lo que el cirujano belga determinó que se traspasaran otros 52 para estar a salvo de cualquier imprevisto.

En aquella misma reunión el que era director de operaciones del Comité, Thierry Sprunger, indicó que el COI estaba dispuesto a gastarse de cuatro a seis millones en una prima de seguros para los Juegos, a cambio de una cobertura de 200. Pero nadie se atrevió a ofrecer este servicio a ese precio -hubo una proposición, pero con una prima que triplicaba lo que estaba dispuesto a desembolsar el COI-, sobre todo como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Aunque dice el COI que “la cancelación no está en la agenda”, un posible aplazamiento tendría también consecuencias importantes en la economía del Comité y de sus socios -comités nacionales y federaciones-, que viven, básicamente y con alguna rara excepción, de los fondos que reparte el COI tras los Juegos Olímpicos. Si estos se retrasan, el reparto de dinero también. Y, por ende, los programas y becas para los deportistas. Habría que tirar de fondos. Un ejemplo: tras los Juegos de Río (Brasil) de 2016, el COI distribuyó entre los comités nacionales 540 millones de dólares y la misma cantidad entre las federaciones internacionales, de forma ponderada según su importancia. Por eso, la impresión es que el periodo de cuatro semanas fijado por el COI para tomar la decisión sobre las fechas de los Juegos de Tokio es, sobre todo, “un plazo para renegociar contratos y primas”.