BILBAO. El Ministerio Público ha interesado la libre absolución "por falta de pruebas" de las dos farmacéuticas acusadas en el proceso, además de la esposa del entrenador de esa trainera y de un agente del Cuerpo Nacional de Policía.
Asimismo, las acusaciones han pedido que se condene a Teresa Mesa, esposa del agente y que reconoció haber enviado a Urdaibai paquetes con sustancias dopantes; y a Marcos Maynar, médico y profesor de la Universidad de Extremadura acusado de administrar ese tipo de productos a los deportistas; así como a quienes eran presidente, entrenador, médico y enfermera del club en aquella temporada, Josu Zabalondo, José Manuel Francisco, Borja Garay y Arantza Ormaza.
Los letrados de Garay y Mesa han llegado a sendos acuerdos con las acusaciones de manera que han asumido los hechos expuestos por la fiscal pero no la condena.
En concreto, se solicita para el médico una pena de un año de prisión, que puede ser sustituida por una multa, por el delito continuado contra la salud pública, además de otros seis meses de prisión por el delito de falsificación de documento privado, también alternativo con una multa, además de la inhabilitación especial para ejercer en la medicina deportiva.
Para Mesa, las acusaciones piden seis meses de cárcel, que también podrían ser sustituidos por una multa y para el resto de acusados -Zabalondo, Francisco, Ormaza y Maynar- han mantenido la petición de dos años y seis meses de cárcel.
La jueza ha advertido a las partes de que le corresponde resolver respecto las condenas de los acusados, al margen de los acuerdos entre partes.
En su escrito de conclusiones, el Ministerio Público ha destacado la existencia de indicios como la ocultación de datos para la investigación por parte de Urdaibai y la falta de justificación para la compra de gran cantidad de medicamentos, supuestamente empleados como dopantes, así como la adquisición de centenares de jeringuillas y material para inyecciones.
Ha instado a la jueza a hilar esos indicios "con un razonamiento lógico" hasta deducir la existencia del delito continuado contra la salud pública, dado que la existencia de este tipo penal puede sostenerse sobre pruebas indiciarias y no directas, por su complejidad, ha sostenido.
Ha cuestionado que "si no se está haciendo nada reprochable, por qué desde el club nadie quiso decir nada y por qué su presidente paga" la recepción de los paquetes pero "no da razón" del contenido de los mismos durante el proceso, lo que ha estimado como actuación de "ignorancia deliberada", que a su juicio, "es tan reprochable como el dolo directo".
Ha defendido la existencia de un concierto entre el presidente del club, el entrenador y el
médico extremeño para suministrar sustancias que aumenten el rendimiento de los remeros y ha manifestado su convicción de que esos tres acusados "utilizaron" al doctor Garay "para tapar la actuación delictiva de Maynar".
"En el tráfico de drogas, siempre hay unos que dan la cara y otros que organizan la trama", ha sentenciado.
Los testigos han declarado en el juicio que se les inyectaban sustancias y que tomaban vitaminas y batidos, por lo que la fiscal ha considerado que la falta de un libro de registro como exige el reglamento del deporte, con cada uno de los medicamentos que se inoculan o administran a cada deportista, supone "un indicio grave de que no les importaba la salud pública nada de nada".
Ha deducido que los remeros consentían el dopaje que les administraba porque "se jugaban el cocido", ya que muchos han seguido remando en esa trainera o en otras, al tiempo que, sobre los informes periciales, ha destacado la peligrosidad para la salud de muchas de las sustancias que presuntamente utilizadas.
Asimismo, ha considerado como hechos objetivos las declaraciones de Mesa sobre los envíos de EPO a Urdaibai y los ingresos de dinero destinados a Maynar y Mesa como proveedores de las sustancias.
La acusación popular, en representación del que fuera entrenador de Kaiku en el momento de los hechos, José Luis Korta, también ha subrayado "el auténtico arsenal" de medicaciones que se remitían al club y ha puesto en valor la declaración de un remero como testigo protegido, quién relató que aquella temporada se les inyectaba más de ocho sustancias a cada deportista, que le provocaron problemas de salud.
Las defensas han evidenciado la falta de elementos probatorios ya que las acusaciones no han demostrado ni qué sustancias se pinchaban, ni en qué cantidad o dosis, ni a qué remeros, de manera que, a su entender, está sin determinar si hubo o no un riesgo real para su salud.
