Madrid - Eibar y Elche libraron ayer en la Audiencia Nacional una batalla judicial por la permanencia en Primera División, después de que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) decretara en junio el descenso administrativo del conjunto ilicitano a Segunda por las deudas con la Agencia Tributaria. Eibar y Elche han llegado a este punto judicial después de que el conjunto ilicitano recurriera el descenso administrativo decretado por la LFP al TAD (Tribunal Administrativo del Deporte) y este organismo ratificara su descenso a Segunda en favor del equipo guipuzcoano, descendido por motivos deportivos la pasada Liga. Posteriormente, el Elche solicitó a la Audiencia Nacional la solicitud de la cautelarísima, petición de suspensión cautelar con carácter de urgencia de la sanción, que es la que podría permitir que compitiera en Primera y el Eibar lo hiciera en Segunda.

El Elche pide clemencia El primero en tomar la palabra en la vista fue el letrado del Elche, quien declaró que “no hay discusión alguna” sobre la permanencia en Primera División del conjunto ilicitano. La defensa del Elche estimó que la “desventaja económica sufrida es bastante superior a la del Eibar, debido a una depreciación de la plantilla del cincuenta por ciento”. Además, el letrado del Elche explicó que su equipo “no percibirá los ocho millones de euros del Fondo de Compensación” y que “la cuantificación del descenso no representa un daño emergente sino también un lucro cesante por la propia resolución”.

Para el Elche, “la gran diferencia con el Eibar no queda en el ámbito monetario, sino que afecta a la viabilidad del club, como se acredita en las cuentas, y al entero entorno económico de la ciudad en el empleo indirecto”. “El castigo no es solo para el club, sino para la ciudad”, comentó el letrado del Elche, quien afirmó que el Eibar “no tiene derecho a la permanencia porque no la ganó en el terreno de juego y la norma no le da derecho”.

LFP y Estado van de la mano Tras la defensa del Elche, el siguiente en tomar la palabra fue el abogado del Estado, que expuso los motivos que, a su juicio, justifican el descenso administrativo del conjunto ilicitano y que se basan principalmente en las deudas del club con la Agencia Tributaria en el momento de la toma de esa decisión mediado el pasado mes de junio. “El descender a Segunda no implica la desaparición de un club, hay ejemplos, sino que hay que adaptarse a una nueva situación”, añadió el abogado del Estado, que habló de “dopaje económico” en relación al Elche.

“Cuando uno decide no pagar a Hacienda, se granjea una ventaja económica indebida que le permite no desprenderse de sus mejores jugadores o hacer inversiones con sus recursos. Eso significa que económicamente tiene capacidad para jugar mejor por algo que en el terreno de juego ha ganado invocando un mérito deportivo que es indebido”, apuntó el abogado del Estado.

La tercera parte en hablar fue la Liga de Fútbol Profesional mediante su letrada, que secundó casi toda la extensa exposición del abogado del Estado. La LFP basó su exposición en el tema económico y dio datos de la legislación de 1990, cuando se comenzó a hablar del deporte profesional como “entidades que compiten”. “En aquel momento se habló de que el deporte profesional está cada vez más mercantilizado y profesionalizado y la actividad deportiva tiene responsabilidad jurídica”, comentó. La letrada de la LFP apeló al artículo 76 de la Ley del Deporte, que califica de “muy grave el incumplimiento con las obligaciones del Estado”, en alusión a la deuda del Elche con la Agencia Tributaria. Desde la LFP se adhirieron a la solicitud de la Abogacía del Estado para desestimar la medida cautelar que permitiría competir al Elche en Primera la próxima campaña. Finalmente, el Eibar recordó que el expediente administrativo abierto al Elche “comienza por una infracción cometida por el impago de créditos líquidos vencidos y exigibles a la Agencia Tributaria” y que el conjunto ilicitano, en el último año, ha tenido “sanciones firmes y cumplidas por idéntica conducta”. - Efe