MADRID. El Consejo Superior de Deportes (CSD), la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y la Federación Española de Fútbol (RFEF) así lo han acordado en una reunión mantenida esta tarde y en la que han puesto de manifiesto la necesidad de modificar la normativa para que se puedan adoptar esas medidas contra los clubes que colaboren con los violentos.

Antes de este encuentro, la Comisión Antiviolencia ha prohibido a 88 ultras que participaron el domingo en una reyerta en Madrid Río, en la que murió un seguidor del Deportivo de La Coruña, que accedan a los estadios durante cinco años y les ha impuesto multas de 60.001 euros.

Respecto a la reunión de las entidades directivas del fútbol, el presidente del CSD, Miguel Cardenal, ha señalado que las medidas acordadas estarán aprobadas el próximo día 15.

Cardenal ha anunciado también que la creación de los oficiales de seguridad de la Liga, que estarán presentes en los partidos.

Además, la Liga de Fútbol Profesional elaborará un reglamento de entradas, viajes y desplazamientos de las aficiones, junto a un listado de grupos violentos.

Dentro de las medidas acordadas, Cardenal ha resaltado la creación también de una unidad de inteligencia dentro de la LFP que colaborará con la Policía para la detección y prevención de actos violentos con las aficiones y para informar a la Comisión Antiviolencia de hechos que puedan ser objeto de sanción.

Mientras tanto, la Policía prosigue sus investigaciones y el visionado de las grabaciones para poder detener a los autores materiales de la muerte del hincha coruñés Francisco Javier Romero Taboada "Jimmy", apaleado durante la reyerta en la que participaron más de 200 ultras del Riazor Blues y del Frente Atlético, apoyados al parecer por grupos radicales de otros equipos.

Precisamente, uno de esos grupos, los Bukaneros del Rayo Vallecano, ha negado rotundamente en rueda de prensa su implicación en la reyerta.

"Bukaneros no participó ni colectiva ni individualmente en la reyerta", ha manifestado un portavoz.

El Deportivo de La Coruña, por su parte, ha emitido un comunicado en el que asegura que trasmitió toda la información de la que dispone a la Policía para la investigación de la pelea, especialmente la relacionada con la venta de entradas.

Y la junta directiva de la Federación de Peñas del Deportivo también ha asegurado, antes de presentar su dimisión, que comunicó al club la demanda de entradas por parte de los Riazor Blues para el partido contra el Atlético de Madrid del pasado domingo y ha indicado que esos billetes fueron abonados en las taquillas del club.

Un día más, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha hablado de la reyerta, desde su convencimiento de que habrá "un antes y un después" en los clubes de fútbol, y ha dejado claro que la prioridad absoluta de la Policía es la detención de los autores de ese asesinato.

Tras presentar en El Pedroso (Sevilla) el proyecto del nuevo cuartel de la Guardia Civil de esta localidad, Fernández Díaz no ha ofrecido más detalles sobre la investigación.

Ha reiterado que "el coordinador de seguridad del Deportivo de la Coruña, al parecer, informó a la Oficina Nacional de Deporte, que radica en el seno de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, y también contactó con el coordinador de seguridad del Atlético de Madrid".

"Y debían ponerse en contacto con la comisión de evaluación contra la violencia para calificar el partido, y estamos analizando en esta cadena, en este protocolo de actuación, si es que falló algo", ha explicado.

No obstante, ha matizado que "los primeros responsables son los violentos, y también, a continuación, los clubes que toleran que esas personas violentas puedan estar disfrutando del amparo de sus clubes".