vitoria. El deporte escolar en Vitoria vive momentos de máxima crispación e inquietud. La causa no es otra que las masivas inspecciones de Trabajo que vienen sufriendo desde el pasado mes de mayo numerosos colegios de la capital, saldadas muchas veces con multas que han alcanzado los 11.000 euros. El motivo no es otro que el celo jurídico del Ministerio de Trabajo para dar de alta en la Seguridad Social a cualquier monitor juvenil que reciba una contraprestación económica por sus servicios como responsable de las diferentes actividades extraescolares. Una controvertida medida impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy que muchos centros no han dudado en tildar como "desproporcionada e injusta", habida cuenta de que en sí misma representa un torpedo en su línea de flotación, lo que ha generado una indudable alarma social. Sin ir más lejos, este periódico ha comprobado cómo hay grupos de chavales en Vitoria que se han quedado sin deporte por culpa de esta polémica medida.
El malestar es creciente entre coordinadores y responsables, que ven tras esta oleada de inspecciones "un simple afán recaudatorio" y un velado intento de la clase política por reducir los descorazonadores datos de paro juvenil que se registran en España desde el estallido de la crisis. Para las familias, ya severamente golpeadas por la falta de recursos, también se trata de una pésima noticia además de la enésima, e insoportable, carga económica, ya que en muchos casos deberán afrontar a corto plazo -algunas ya lo han hecho- una considerable subida de las cuotas que oscila entre un 30% y un 75%.
Si bien el problema es nuevo, el origen de esta filosofía deportiva sí se remonta a décadas atrás, cuando los monitores de los citados colegios, en muchos casos sin ánimo lucrativo, venían percibiendo una retribucion simbólica para cubrir los gastos. En otros casos era y es el mero vínculo sentimental con el deporte el que les lleva a invertir unas horas a la semana para formar a los más pequeños. De ahí que este exceso de celo por parte de Trabajo esté levantando ampollas no sólo a nivel local sino también estatal, donde han empezado a producirse numerosas movilizaciones en respuesta a una medida que, si bien tiene su base jurídica tras la aprobación del Real Decreto 1006 en el año 1985, según confirman varios letrados, nunca había sido puesta en marcha hasta ahora, justo en plena crisis.
Corazonistas Uno de los colegios afectados ha sido Corazonistas, que debió abonar 11.600 euros para regularizar la situación de los 53 monitores que en estos momentos tiene a su disposición. Su caso no ha sido el único porque en las últimas semanas también han recibido la temida visita de los inspectores otros tantos colegios de la capital. "Vinieron dos subinspectores, entraron al patio, llevaban la lista de las actividades del centro y pidieron el DNI a los chavales. Luego se reunieron con el director y conmigo para que les explicáramos qué era el deporte escolar y qué era el federado. No tenían mucha idea, no sabían que en este último hay que pagar unas fichas, unos reconocimientos médicos, unas canchas municipales... Nos trataron igual que a una empresa", recuerda su coordinadora deportiva, Zuriñe Bolinaga.
En este caso, el colegio abonó no una sanción sino el coste de ponerse al día en este tema, que palió en parte gracias a una fiesta popular que logró recaudar la mitad de lo perdido. Sin embargo, de haber hecho oídos sordos, el centro -lo mismo sucederá con los clubes deportivos cuando acabe la moratoria- se expone a sufrir multas millonarias por parte de la Administración central. Sanciones que oscilan entre los 3.000 euros y los 6.000 euros por persona, por lo que cualquier colegio se ve en la tesitura de afrontar sí o sí el pago para no bajar la persiana. "Nosotros ni tenemos ánimo de lucro ni somos una empresa, ya que para nada ofrecemos productos ni obtenemos beneficios. Sólo trabajamos con niños y con lo que se les da a los monitores cuando ganan un partidos se compran una Coca-Cola. Ellos trabajan por amor al arte, vienen aquí un sábado a las 9 de la mañana y ¿quién hace eso?", se pregunta Bolinaga.
En este contexto, colegios y asociaciones de padres y madres están optando por dar de alta en la Seguridad Social a los monitores, lo que inevitablemente está encareciendo el deporte de base hasta el punto de que hay familias que no han podido garantizar la actividad de sus hijos. "Nosotros estamos para actuar y cumplir la ley y regularizar toda la actividad extraescolar", resume Carlos García, jefe de la Inspección de Trabajo en Álava. ¿Pero por qué precisamente en estos momentos, cuando peor están las cosas?, se preguntan familias y centros educativos. "En estos momentos somos capaces de llegar a más colectivos y existe una mayor concienciación social, así que no hay nada malévolo en la aplicación de la ley", resume el inspector Jefe.
Monitores universitarios Otro problema añadido en todo este asunto es que muchos de los monitores de extraescolares son universitarios que llegan a Vitoria gracias a una beca. Pues bien, la legislación indica con claridad que ese privilegio desaparecerá en el momento que suscriban un contrato y sean dados de alta en la Seguridad Social. "Esto no es un trabajo, sino un hobbie. Como otros van a hacer spinning al gimnasio, nuestros monitores van a educar a los niños en el mundo del deporte", defienden en Corazonistas.
Los juristas también aportan su interesante punto de vista en este peliagudo tema que ha puesto en pie de guerra a colegios y federaciones deportivas. "Es injusto que un decreto que se creó para el deporte profesional se pueda aplicar legalmente al último colegio y club, pero así lo marca la ley", puntualiza el abogado Juan Carlos Soto, ponente hasta la fecha en un par de charlas con clubes y colegios afectados en Alava y para quien resulta imprescindible "una reforma urgente" de la legislación aprobada hace casi tres décadas. "El Ministerio lo ha aprovechado para recaudar y rebajar la cifras de paro en un momento inadecuado, en plena crisis. Eso sí, la regularización de estas personas es necesaria, porque hay que dignificar su situación", precisa.
En este línea, insiste este letrado en el "afán recaudatorio" que está haciendo temblar a los colegios vitorianos, privados y públicos como el de Mendebaldea, donde varios chavales se han quedado sin equipo precisamente por la subida de las cuotas. Lo explican Fran Urteaga, el presidente del AMPA de este centro, y Juan Carlos Muro, coordinador de baloncesto. "Este curso comenzamos la actividad con once equipos y unos 115 trabajadores, pero después de haber tenido que regularizar con contratos a los monitores, se nos han caído tres conjuntos y 32 chavales". ¿Por qué? Muchas de las familias han tenido que prescindir de la actividad de sus hijos por cuestiones económicas.
El abogado Soto entiende que el momento era una buena oportunidad para haber cambiado esta tendencia de manera pedagógica, "pero han preferido tirar por el camino más fácil, que era el de los ingresos y el aumento de las cotizaciones juveniles", una medida por la que van a pasar todos los centros alaveses, advierten desde la Inspección.
"No necesitamos más problemas" En Denon Eskola, la Federación de las Asambleas de Madres y Padres de los centros públicos de Álava, la valoración de la medida también es negativa. "Una piedra más en el camino del deporte escolar", sostiene con preocupación su presidente, Carlos López Losada. Partiendo de la base legal de que la situación de los monitores se puede analizar y estudiar, entiende el responsable de este colectivo que es posible llevarlo a cabo "sin que las soluciones menoscaben el deporte". Lo que las asociaciones de padres necesitan es ayuda "y no más problemas", insiste este portavoz.
Desde que el pasado mes de mayo los inspectores -autonómico y estatales- comenzaron a visitar los colegios, existe la preocupante sensación en las asociaciones de padres de estar exigiéndoseles una serie de competencias para las que no están preparadas. En este sentido, Denon Eskola ofrece un servicio administrativo para suplir esa carencia que es la gestión burocrática de los propios contratos, una propuesta con dos años de vida que el pasado año convenció a una veintena de colegios, el doble que en 2011. El problema, sin embargo, continúa ahí, dado que ese tipo de servicios también hay que abonarlos, lo que redunda finalmente en un deporte de base del que, al menos en este caso, la Diputación alavesa se ha desentendido. "La diputada del ramo nos dijo que no era competencia suya y que además no tenía presupuesto para ayudarnos", lamenta López.
Con la sumisión del indefenso, aguardan en este colectivo una cierta relajación por parte de Trabajo a la hora de aplicar la ley - o al menos de forma no tan traumática- y un poco más de tiempo para adaptarse, algo que lamentablemente, critican, no está ocurriendo. Según sus cálculos, el incremento medio de las cuotas deportivas de este año rondará un 40%, pudiéndose alcanzar incluso el 75% que este curso pagará, por ejemplo, un cadete de baloncesto de Mendebaldea (de 195 euros por todo el años a 342 euros). "Pedimos que se lleve a cabo una reflexión de si esto debe ser así o no; si no hay otra alternativa, entendemos que la Diputación debería hacerse cargo realmente del deporte escolar en cuanto a su organización, contrataciones o ayudas", aporta Muro.
Un millón de euros de multa Esta "película de terror" no es exclusiva de Vitoria. En Catalunya, el ataque de la Seguridad Social se ha saldado con multas desorbitadas que han puesto en jaque la supervivencia de muchos clubes de natación y fútbol, básicamente. El palo al CN Sabadell, un club con 30.000 socios, ascendió por ejemplo a un millón de euros; de cerca de 250.000 euros fue el del CN Barcelona y de unos 700.000 euros al Santboiá de la Tercera División de fútbol, por no citar los 18.000 euros de multa al club de ajedrez de llinars del Vallés, una situación "esperpéntica", claman estos clubes, que incluso ha llegado al Senado. Josep Maldonado, portavoz de IU en la Cámara Baja en materia deportiva, reclamó el pasado mes de julio la comparecencia del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, para explicar las exigencias de una inspección que "pone en peligro la supervivencia del deporte en general y ha desatado una ola de alarma social en Catalunya".
