Madrid - El arquitecto Santiago Calatrava, que declaró ayer ante el juez como imputado, atribuye al expresidente autonómico Francisco Camps los cambios que derivaron en el sobrecoste del proyecto del Centro de Convenciones de Castellón, según la acusación popular, que ejerce Esquerra Unida (EU).
La declaración del arquitecto valenciano se enmarca en la investigación de las supuestas irregularidades en la contratación del proyecto del Centro de Convenciones de Castellón, por el que cobró de la Generalitat 2,7 millones de euros. Esta cantidad guarda relación con el redimensionamiento del proyecto, que se triplicó respecto de las previsiones iniciales (el presupuesto inicial era de 60 millones de euros), y que el arquitecto atribuye a Camps, quien según EU, pidió a Calatrava que el proyecto fuera “icónico” para la ciudad. Por el contrario, fuentes del entorno de expresidente han explicado que “ni Camps, ni su gobierno, ni nadie de la administración autonómica autorizó sobrecoste alguno en el proyecto”. En este sentido se indica que “el proyecto fue resultado de un convenio del Ayuntamiento de Castellón y la Generalitat por el cual el Consistorio ofrecía el suelo y la Sociedad Proyectos Temáticos encargaba un proyecto para un Centro de Convenciones en la ciudad”. “Todo el proyecto se realizó a través de los trámites legales que para estos proyectos corresponde. De hecho, la Sociedad Proyectos Temáticos rechazó una propuesta de proyecto que estaba por encima en precio del inicialmente previsto”, han añadido las mismas fuentes. Esta construcción fue finalmente descartada por la Generalitat Valenciana debido a la coyuntura económica, por lo que la obra no se ejecutó.
Desde EU señalaron ayer que existe documentación de la SPTCV que dice que se pagó a Calatrava los 2,7 millones de euros “a pesar de que no había cumplido el contrato y a pesar de que se le seguía diciendo que modificara el proyecto”.
El arquitecto valenciano, que en diciembre de 2012 trasladó de Madrid a Zürich su estudio de arquitectura, sede de su sociedad mercantil, Calatrava and Family Investments, tiene abiertas varias causas judiciales por irregularidades en la ejecución de sus obras, y no solo en España (Bilbao, Oviedo, Baleares o Valencia), sino también en Italia o Jerusalén. - Efe
