Las televisiones autonómicas son un fenómeno empresarial y comunicativo que tiene que ver con la titularidad pública de las mismas y un proceso de organización territorial del estado de nuevo cuño surgido con la transición política al amparo de la constitución vigente. La proliferación de emisoras de tele y radio en diez de las diecisiete comunidades autónomas que existen en la actualidad plantea unas cifras de inversión y explotación que la actual crisis cuestiona. El carácter público de las mismas genera por un lado recelos de manipulación política por el gobierno de turno, siguiendo ancestral práctica por estos pagos y por otro, atención prioritaria a las noticias del entorno de cada cadena, especializándose en contenidos, personajes y cuestiones próximas al ciudadano de cada comunidad. Peio Sarasola, director de Euskal Telebista, manifestaba hace unos días su preocupación por hacer del Teleberri el referente informativo de la mayoría de los ciudadanos vascos y elemento de justificación del gasto público en un medio de comunicación. Los últimos resultados conocidos de audiencias televisivas señalan que las autonómicas ganan la carrera de aceptación popular frente a las grandes cadenas estatales que no pueden atender la demanda de lo próximo y sucumben ante los informativos autonómicos que encabezan el ranking de lo más visto en información. Un emisora pública de televisión también puede luchar por el liderazgo y triunfar frente a la competencia como es el caso. Lo de que las públicas no deben de tener objetivos de audiencia, es una milonga del pasado. La captación publicitaria tiene mucho que ver con las cifras de seguidores de las diversas programaciones y la pública no puede vivir en una burbuja, ajena al sacrosanto mercado. Viene bien de vez en cuando, sacar pecho informativo.
