madrid. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer definitivamente la disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible conocida como Ley Sinde para luchar contra las descargas ilegales de contenidos en Internet. La norma fue aprobada por 323 votos a favor -PSOE, PP y CiU-, 19 en contra -PNV, ERC, IU-ICV, BNG, CC, UPyD y NaBai- y una abstención. Después de haber sido rechazada ya en diciembre en esta misma Cámara, PSOE, PP y CiU pactaron una enmienda para reflotarla en el Senado, que fue aprobada el 9 de febrero, devolviéndose así ligeramente modificado el texto al Congreso, que ahora lo ratifica con los votos, de nuevo, de esas tres mismas formaciones.

El siguiente paso de esta norma será su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que se espera para esta semana, después de lo cual se procederá al desarrollo de su reglamento y a la constitución de la Comisión de Propiedad Intelectual. Así, podría entrar en vigor en torno al verano, según ya adelantó hace unos días la ministra Ángeles González Sinde. La propia titular de Cultura defendió, tras el acuerdo alcanzado en el Senado por los tres grupos mayoritarios en enero, que el nuevo texto pactado en forma de enmienda incluía más garantías judiciales y respetaba los derechos fundamentales de todas las partes, creadores e internautas, algo que no convenció a las asociaciones de internautas. Entre los puntos destacados de la norma figuran el bloqueo o cierre en un máximo de 10 días de webs desde las que se puedan descargar obras protegidas por derechos de autor, y la creación de una Comisión administrativa para dirimir estos conflictos, siempre a partir de denuncias particulares. Desde el principio el proceso estará tutelado por un juez.

Toda petición de cierre o bloqueo de una web tendrá que contar con una autorización judicial, que tendrá 24 horas para aceptar o rechazar la denuncia. Si se acepta, las páginas están obligadas a dar los datos para identificar a quienes están detrás de la web. Ahí entra en juego la Comisión, quien pedirá la retirada del contenido ilegal antes de 48 horas. Tras estos pasos, el cierre de la web requiere de nuevo autorización judicial. Además, en el acuerdo alcanzado en el Senado el PP introdujo en este texto el compromiso del Gobierno de modificar el canon digital en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de esta ley.