Madrid. Asociaciones de internautas y del sector informático estudian recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley Sinde, una norma que consideraron ayer como "ineficaz" para luchar contra la piratería en Internet y que, opinaron, no resuelve el problema de fondo, la reconversión del modelo de negocio cultural. Además, auguraron que debido a su precipitación, la ley será reformada "nada más que se publique", ya que la Unión Europea tiene previsto revisar una directiva sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual teniendo en cuenta los retos de la difusión digital de la cultura.
Representantes de una treintena de organizaciones vinculadas al sector digital explicaron ayer las consecuencias de la Ley Sinde y las acciones que tienen previsto emprender para frenar su aprobación. Las asociaciones apelaron a la "conciencia" de los senadores para que rechacen la enmienda pactada entre PSOE, PP y CiU porque, consideraron, introduce "inseguridad jurídica" al poner a los jueces "en el papel de certificadores" y dar más facultades a la Comisión de Propiedad Intelectual.
"La ley Sinde tiene que aparcarse y el canon ser eliminado", afirmó el presidente de la Asociación de Usuarios en Internet, Miguel Pérez Subías, quien abogó por "reformar a fondo" la Ley de Propiedad Intelectual, pues "el problema es de reconversión industrial y no de cerrar páginas web". Además, varias voces aprovecharon la presencia ante los medios para volver a pedir la dimisión de la ministra.
Respecto a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad de la ley, Pérez Subías explicó que "se está estudiando" y que éste se fundamentaría, entre otros argumentos, en el párrafo de la enmienda que atribuye a la comisión, previa autorización judicial, el cierre o retirada de los contenidos de una web "siempre que directa o indirectamente actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial". Según él, "que se pueda cerrar una página por si acaso puede hacer daño, es algo que no cabe en la Constitución".
En opinión de las citadas asociaciones, tanto la Ley Sinde como la aplicación del canon digital son normativas que benefician "a los intermediarios y a los creadores famosos", en perjuicio de los usuarios y de artistas para los que Internet es su fuente de promoción. "El futuro no pasa por lo que nos quieren imponer los que han triunfado con el modelo anterior", dijo Pérez Subías.
Las organizaciones consideraron que la ley será ineficaz pues la mayoría de páginas de descargas de contenidos ilegales están alojadas en servidores extranjeros contra los que no se podrá actuar. En este sentido, el presidente de ANEI, Miguel Errasti, vaticina que muchas empresas de hosting (alojamientos de web) se ubicarán en otros países como "medida preventiva", lo que supondrá elevados costes para el sector.
