Madrid. La Asociación de Internautas estudia presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional si se aprueba hoy la Ley de Economía Sostenible, que incluye el cierre o bloqueo de páginas web que vulneren la propiedad intelectual por orden judicial. "Si no queda otro remedio y la ley se aprueba tal y como está ahora mismo no tendremos problemas para reunir las firmas necesarias y presentar un recurso de inconstitucionalidad", señala el presidente de la asociación, Víctor Domingo.

Los primeros pasos de protesta los dio la asociación la semana pasada. Bajo el lema ayúdales a decir no a la Ley Sinde, los internautas invitaban a los ciudadanos a llamar a los diputados para denunciar la aprobación de esta normativa. Anteayer, durante doce horas, más de una veintena de páginas webs de enlaces para descargas echaba el cierre como protesta ante la normativa que, según se podía leer sobre un fondo negro al inicio de cada uno de estas páginas, convertirá Internet "en una tele más al servicio del poder".

Las redes sociales también calientan el debate desde hace días. En Facebook y Twitter algunos usuarios amenazan con protestar hoy frente a las puertas del Congreso de los Diputados al mediodía o concentrarse ante el Ministerio de Cultura.

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción envió a los grupos parlamentarios 29.755 firmas de usuarios contra la Ley Sinde, la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible, realizada al dictado de las multinacionales que dominan la industria cultural y el Gobierno de EEUU. El manifiesto Si es legal, es legal, emitido por Facua, critica que "la industria se resiste a actualizar su modelo de negocio y adaptarlo a la nueva realidad de Internet, como ya hizo en momentos históricos anteriores con el nacimiento de la radio, la televisión o el vídeo doméstico".

A FAVOR En el otro extremo se sitúa la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, cuyo presidente Aldo Olcese, advirtió ayer de que "si el texto es rechazado o sufre alguna modificación, la coalición cambiará de tercio y defenderá ante la UE la adopción de otras normativas más agresivas y que afectan a los usuarios". Para el presidente se trata de un texto "de mínimos" frente a otras normativas "más agresivas" vigentes en Francia, Reino Unido o EEUU. Asimismo, la propia ministra González Sinde quiso dejar claro que considera la nueva normativa como "equilibrada y positiva".