¿Vivienda para todas y todos?

Las Naciones Unidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25 reconocen, entre otros derechos, el disponer de una vivienda adecuada.

La Constitución española en el artículo 47 aborda el tema de la vivienda: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

En 2006, siendo lehendakari Juan José Ibarretxe (PNV), de la mano del consejero de urbanismo Javier Madrazo (IU), se aprobó la Ley de Suelo y Urbanismo (Ley 2/2006), primera ley autonómica que reguló de forma integral el suelo y las herramientas urbanísticas vinculadas a la vivienda en Euskadi. Y es que, a lo largo de las últimas décadas, Euskadi ha ido construyendo un sistema de vivienda que combina planificación urbana, protección social y una visión pública del territorio. El Gobierno Vasco y los municipios han tejido un modelo que trata de equilibrar el desarrollo urbano con el interés colectivo y la sostenibilidad.

El sistema actual se apoya en varias líneas. Por un lado, cuando se crean nuevos barrios, se debe reservar una parte del suelo para vivienda protegida o equipamientos que beneficien al conjunto de la comunidad. Esto garantiza que la ciudad no crezca únicamente al ritmo del mercado, sino con una presencia constante de vivienda asequible y espacios públicos. Se pretende que el urbanismo deje de ser una herramienta de beneficio privado y se convierte en un instrumento de servicio público.

El modelo vasco también es especialmente cuidadoso con el territorio. Protege el suelo rural y no urbanizable, preserva espacios naturales y agrícolas, prioriza la rehabilitación y el aprovechamiento de áreas ya urbanizadas antes que expandir la ciudad. Esto refuerza una visión sostenible, que busca mantener el equilibrio entre crecimiento, calidad de vida y cuidado del entorno.

Finalmente los municipios tienen una amplia capacidad de decisión. Pueden diseñar su propia estrategia urbanística, definir qué suelo destina a vivienda social y cómo organiza su crecimiento.

En conjunto y en la teoría, el sistema de vivienda en Euskadi ofrece un marco en el que la planificación urbana, la protección del territorio y el acceso a la vivienda se articulan como políticas orientadas a asegurar ciudades más justas, equilibradas y sostenibles. Por tanto, parece evidente la importancia que en Euskadi se ha dado a la vivienda y a la recuperación del papel público en el urbanismo y en la vivienda.

Sin embargo, el mercado de la vivienda ha evolucionado rápidamente generando nuevos problemas que reducen el impacto social de las normativas creadas. Como dirían en casa: no todo el monte es orégano.

La crisis de la vivienda existente hoy en Euskadi es un problema complejo ya que es el resultado de múltiples factores que se combinan.

Existe un desequilibrio entre la oferta pública y privada que no es suficiente ante la creciente demanda, tanto en el sistema de compra como en alquiler, generado entre otras razones por cambios en el estilo de vida con un aumento del número de jóvenes que desean emanciparse aún no teniendo pareja, de familias monoparentales y divorciadas. Hay que sumar el envejecimiento de la población, que han ocasionado un mayor número de viviendas en las que vive una sola persona.

Existe también una demanda social creciente. Entre 2023 y 2024 unas 26.000 nuevas personas han solicitado vivienda en alquiler al servicio público de vivienda en Euskadi, Etxebide.

Asimismo, se da una concentración del mercado en áreas tensionadas junto a la proliferación de nuevas actividades económicas como son los pisos turísticos. En algunas zonas en el medio rural se produce una tensión entre conservar territorio y garantizar vivienda asequible.

Por otro lado, la vivienda protegida en una promoción nueva incrementa los precios de la vivienda libre que es la que paga el costo de la primera. Esto ha generado que un gran número de ciudadanos que sobrepasan los umbrales para entrar en el mercado de la vivienda protegida tampoco puedan acceder a la vivienda libre por su elevado coste.

No obstante, si bien el Gobierno Vasco estima en 11.434 las viviendas deshabitadas movilizables, no menos cierto es que muchos propietarios de estos pisos no quieren alquilar debido a la posibilidad de que los inquilinos se declaren vulnerables. Ni pagan, ni se les puede echar. La administración establece sobre el propietario del piso una carga que debería hacerse cargo ella misma.

Este desequilibrio entre oferta y demanda ha ocasionado que el precio de la compra de vivienda o su alquiler en los últimos años se haya incrementado mucho más que el IPC.

Además de los problemas enumerados, nos encontramos con la picaresca de una parte de la ciudadanía que se beneficia de alguna laguna en la ley. Son deficiencias de un sistema que no puede contemplar todas las casuísticas, pero que hacen corromper el modelo.

Por ejemplo, ¿cómo podemos entender que en una casa de protección oficial pueda haber coches de alta gama en sus garajes? ¿o que las personas propietarias o inquilinas puedan costearse vacaciones por el mundo? ¿o que una vez recibida la casa se dediquen a tirar puertas, muebles de cocina que no le gustan para poner otras? Recientemente me han comentado que hasta se hacen foros de queja entre vecinos y vecinas porque entienden que los materiales son de baja calidad.

Otro ejemplo: una persona que ha accedido a un piso de protección se empareja o cambia de trabajo al de un año con lo que aumenta notablemente el poder adquisitivo de la unidad familiar. De considerar su nueva situación económica, no tendrían derecho a una vivienda de protección, pero sin embargo la mantiene y se compra una segunda vivienda en Oriñón o en La Rioja.

Estos casos, y más, se dan en Euskadi. Y siempre habrá alguien que diga que tienen derecho a todo lo anterior. También tengo amistades que dicen que como el piso de Oriñón se ha comprado con el dinero de todas y todos, pidamos la primera quincena de julio para pasar el verano.

Veo una incongruencia o falta de ética. El esfuerzo de la comunidad en proporcionar a una persona una vivienda no debe interpretarse como el derecho a garantizar la propiedad de un patrimonio inmobiliario con dinero público y, si se da el caso, debería conllevar algunas obligaciones. Estamos equivocando el estado del bienestar, sobre todo si tenemos en cuenta los recursos escasos de la sociedad y que hay más gente con necesidades en este ámbito.

¿Qué no son la mayoría de los casos? Sería bueno que el Gobierno Vasco hiciera una revisión de todos los pisos de protección y tasados que ha adjudicado hasta hoy y viera si ahora sus propietarios cumplirían las condiciones. A lo mejor nos llevamos una sorpresa. Y eso no es malo, porque significaría que estas personas han mejorado su situación económica.

Por otro lado, algunos partidos políticos pretenden dirigir ahora toda la vivienda pública hacia el alquiler. Vamos como el péndulo, de extremo a extremo, buscando la solución. Pero ¿qué hacemos cuando en unos años dejen de cumplir los requisitos de alquiler? ¿Les echamos cuando tanto han creado familias que están a gusto en el barrio donde viven? No lo veo.

¿Por qué no mantener los dos sistemas: Compra a precio tasado/protección oficial y el alquiler, pero en ambos casos con un mecanismo de revisión cada cinco años de las condiciones? Si en un momento ya no cumples con los requisitos que te dieron acceso a esa vivienda, que la Administración te dé opción de dejar el piso o de pagar la diferencia entre el precio tasado/ protección oficial que se pagó inicialmente y el precio de mercado en ese momento. Así la Administración generaría una bolsa económica para poder hacer nuevas viviendas y a la vez se evita que personas con un buen sueldo disfruten de por vida de una casa de protección oficial mientras otros se quedan sin ella. Es responsabilidad de la Administración regular también estas situaciones si quiere atender todos los casos.

Es lo justo: la sociedad te ayuda durante el tiempo que no tienes recursos y sólo hasta ahí. Eso daría seguramente una vivienda para toda la ciudadanía.

Economista