La parte de la política española que no es un estercolero es pura pirotecnia. Lo hemos vuelto a ver con los ríos de tinta y saliva que ha hecho correr el dichoso contrato para comprar 15.000 balas a una empresa de Israel. Cada episodio del psicodrama ha resultado un birlibirloque del nueve largo, si me permiten la alusión facilona al objeto de la transacción. La primera tomadura de pelo fue emprender un negocio con quienes se aseguró que no se iría ni a cobrar una herencia, aludiendo a pretendidos motivos éticos. Luego vino lo de tratar de colar el trile en el BOE aprovechando la Semana Santa. Lo siguiente, una vez descubierto el intento de escaqueo, fue difundir la especie de que, sintiéndolo mucho, era legalmente imposible dar marcha atrás, trola que quedó en evidencia en menos de 24 horas, cuando Pedro Sánchez anunció la ruptura unilateral del compromiso de compra. Ese giro de guion vino envuelto en una de las mayores engañifas de todo el pifostio. Sumar se apresuró a apuntarse el tanto del frenazo y la marcha atrás. La impulsora de la plataforma y, desde el domingo, “invitada permanente” (ríanse) de su Ejecutiva, Yolanda Díaz, presumió de haber doblado el codo de su socio en el gobierno de coalición. Resulta sorprendente la facilidad con la que hemos comprado esa moto averiada. Ocurre que el contrato de marras es solo uno de los 46 que España ha adjudicado a la industria militar israelí desde el 8 de octubre de 2023, fecha en que Netanyahu inició la operación de castigo contra Gaza tras los sangrientos atentados de Hamás perpetrados el día anterior. Ya no hablamos de seis millones y medio de euros, como en el caso de los proyectiles destinados a la Guardia Civil, sino de 507 millones para un lanzacohetes o de 237 para un sistema de misiles antiaéreos. El monto total asciende a algo más de mil millones, de los que 817 corresponden a operaciones que no se han formalizado, es decir, reversibles. Si no se cancelan todos, toda la supuesta bronca quedará en nada.