Hay algo que no cuadra. Ese emporio de los envíos de comida y lo que se tercie a domicilio anuncia que echa pie a tierra. Ya no tirará de falsos autónomos como hasta ahora. Se da de plazo hasta la primavera para convertir en personal laboral a la mayor parte de los integrantes de su flota de repartidores. Deja claro que no lo hace por gusto. No es casualidad, de hecho, que la novedad se diera a conocer la víspera de la comparecencia ante el juez del baranda de la compañía acusado, así, en genérico, de un “delito contra los trabajadores”. El individuo, de nombre Òscar Pierre, aseguró ante su señoría que el cambio copernicano no obedece a su estrategia de defensa sino a la constatación de que, con la normativa vigente, la llamada ley rider, le están crujiendo a multas y cada mes palma un potosí. Es decir, que le sale la torta un pan y, echando cuentas, había llegado a la conclusión de que le convenía abrazar el mal menor. Un mal, por cierto, relativizado porque la empresa, como dice nada ambiguamente en su página web, se reserva la opción de buscar una solución que no necesariamente pasaría por la contratación de todos sus moteros o ciclistas. Algunos pueden quedarse directamente en la calle. Otros podrían caer bajo el auspicio de empresas de trabajo temporal o de firmas creadas expresamente como subcontratas. Resumiendo, que la precariedad se mantendría tal cual (o peor) y que solo cambiaría la fórmula. En este sentido, es muy revelador atender a los testimonios de los teóricamente beneficiados por el nuevo modelo. Nueve de cada diez repartidores a los que se pregunta en este o aquel medio muestran su recelo cuando no su miedo a quedarse sin fuente de ingresos o, en el mejor de los casos, a verla reducida. Por supuesto, los que no se juegan el pellejo para traernos el kebab o la hamburguesa antes del descanso del partido celebran como una victoria lo que no tiene demasiada pinta de serlo en realidad.