Quienes nos dedicamos a esto de contar lo que pasa día a día, hora a hora, minuto a minuto sabemos de los peligros de los periodos vacacionales, más cuanto más largos son. Puentes, acueductos, navidades, semanas santas, agostos... parece que todo se para y el personal –incluidos cargos de todo nivel– desaparece. ¿No pasa nada? ¿El mundo se detiene? No, pero el paréntesis produce ese engañoso espejismo. El barco de los pellets de microplástico perdió su carga el 8 de diciembre. Viernes, en pleno puente festivo. Nada más que decir. En el mismo periodo, el Gobierno español se relaja en sus negociaciones pensando, entre días de asueto, que sus decretos ómnibus saldrán adelante por ósmosis. El tensionamiento en el sistema sanitario por la espantosa tripledemia y el esperable efecto navidades también estaba ahí en este tiempo pre y vacacional. Pero es ahora cuando algunos se han enterado. La flamante ministra de Sanidad, Mónica García, cuyas competencias aún debe estar rebuscando en el histórico del BOE, ha decidido ahora que ella va a solucionar el asunto de los virus. Reúne a los representantes de las comunidades autónomas, que sí tienen las competencias, y como la gran mayoría le dice que no a sus planes, que las medidas que plantea no están justificadas, que hay casos distintos... pues va y los impone de forma unilateral: mascarilla obligatoria para todos y asunto arreglado. Más allá de las cuestiones científicas, jurídicas, técnicas y logísticas para las que doctores tiene cada iglesia, la resolución de la ministra es un ataque al autogobierno y a la cogobernanza colaborativa a las que supuestamente está comprometido este Gobierno hiperprogresista (y más un ministerio ultraprogresista de Sumar). ¿Sorpresa? Pues tampoco. Ya lo advirtió Mónica García el mismo día de su toma de posesión, hace un mes y veinte días: ella tenía la “responsabilidad histórica de recuperar la salud pública”. Quizá estos días se le baje la soberbia. Este Gobierno ha empezado con muy mal pie una legislatura en la que va a caminar sobre el alambre. Al menos, debería atender a un principio básico en la cogobernanza real: No imponer, no impedir. A ello, ministras y ministros.
