Las sociedades modernas se caracterizan por estar muy polarizadas, una realidad que no en pocas ocasiones tiende al extremismo. Basta mirar el panorama político, asomarse a las redes sociales o a las tertulias televisivas, aunque sean de telerrealidad basura, para comprobarlo. Mi teoría es que probablemente la actividad política en las democracias es la que polariza a la sociedad, y no al revés. Pongamos el reciente caso de Chile. Se ha intentado hacer algo tan sensato y de obligación ética como aprobar una Constitución que sustituya, por fin, a la que estaba –y está– vigente, que data de la dictadura cruel y sanguinaria de Augusto Pinochet, uno de los personajes más nefastos de la reciente historia a nivel internacional. Lo intentó la izquierda chilena y no se le ocurrió otra cosa que hacer un texto absolutamente escorado a la izquierda para hacer la “Constitución más progresista del mundo”. Fue rechazada en referéndum. Poco más de un año después, lo ha intentado la derecha, con un nuevo proyecto cargado de extremismo hacia la derecha. Y, obviamente, también ha sido rechazada por la ciudadanía. Lo que demuestra que la clase política chilena ha quedado retratada no solo por su incapacidad para convencer a la gente de las bondades de su planteamiento, sino porque ni siquiera ha intentado plantear una Constitución de consenso, que, bien mirado, parece ser la demanda ciudadana. La sociedad chilena está polarizada, porque ideológicamente está muy dividida y se le ha obligado a pronunciarse sobre dos opciones incompatibles, irreconciliables. Solo en las democracias es posible la búsqueda de consensos en favor del bien común. Las dictaduras no tienen ese problema –bendito problema–. Sin embargo, la realidad suele distar mucho de esas actitudes para la búsqueda de acuerdos. Aquí, las oposiciones a los gobiernos democráticos buscan la confrontación, la hiperbólica denuncia pública sobre todo si hay elecciones a la vista, ilegitimar al contrincante, caracterizado como enemigo. Hacer irrespirable el clima. Las Constituciones deberían tener un artículo 1 que fije la obligación inexcusable de buscar el consenso.
