Aquí en Estados Unidos, como en todas partes, hay muchos hijos de papá, pero la última versión de esta componenda familiar está tergiversada: en la Casa Blanca, hay también un papá del hijo, en este caso el presidente de Estados Unidos Joe Biden, quien parece ir a rastras de su hijo Hunter.
Esto de ir a rastras no es solo figurativo, porque las andanzas de Hunter llevan de cabeza a su progenitor que, por el momento, ha conseguido que a su retoño no lo metan en la cárcel por fraude fiscal, uso impropio de armas de fuego e incluso por violar las normas de cooperación con empresas extranjeras.
El hijo, en cambio, podría haber conseguido que el otrora senador Biden, uno de los políticos más pobres a finales del siglo pasado, añada a sus cuentas algunos millones de dólares… y muchos dolores de cabeza, como es la amenaza de un enjuiciamiento por abuso de poder y corrupción.
Que los ocupantes de la Casa Blanca salgan más ricos de lo que eran al llegar no es nada nuevo en Estados Unidos, pero en general lo consiguen a través de la venta de sus libros y siguen aumentando su patrimonio con conferencias y seminarios una vez que termina su mandato.
En el caso de Biden ha ocurrido lo mismo, pero hay sospechas de que una fuente de ingresos sean los negocios de su hijo, quien ha estado cobrando durante años abundantes comisiones por actividades poco conocidas con empresas extranjeras, de países tan exóticos como Ucrania o Rumanía. El dinero recibido en estas transacciones ha ido, en parte y sin declararlo al fisco, a las cuentas filiales y el resto tal vez se haya repartido entre varios miembros de la familia, posiblemente incluso el propio presidente.
Los legisladores republicanos, que ahora controlan la Cámara de Representantes y pueden exigir informaciones confidenciales y obligar a prestar testimonio bajo juramento de quienes desean, están cada vez más convencidos de que el único hijo varón de Joe Biden (su otro hijo murió de cáncer hacer ya muchos años) se dedicaba a vender influencias… que consistían en el acceso a su propio padre.
Era la influencia que su progenitor Joe Biden podía tener como vicepresidente de Barack Obama y ahora como presidente de Estados Unidos. El propio Biden dejó claro hace algunos años que tenía poder suficiente para presionar al Gobierno ucraniano del que exigió –y obtuvo– la dimisión del fiscal Viktor Shokin.
La antipatía de Biden contra Shokin se interpreta de distinta manera según la afiliación política de los observadores norteamericanos: para sus aliados del Partido Demócrata, el entonces vicepresidente intervino debido a la corrupción demostrada por Shokin. Para sus rivales republicanos se trataba de un ajuste de cuentas porque Shokin entorpecía los jugosos negocios que trataba de hacer su retoño, es decir, Hunter Biden.
En defensa de Joe Biden está que él mismo hizo aspavientos en su día de sus gestiones para conseguir la expulsión de Shokin del Gobierno ucraniano, cosa que probablemente no habría divulgado si recibía sobornos en Ucrania.
Donde las cosas pintan peor para el presidente es en los negocios de su hijo: Hunter Biden, de 53 años, se ha distinguido poco profesionalmente: a pesar de ser abogado, su carrera jurídica es prácticamente nula, tal vez por las limitaciones resultantes de su drogadicción, para la que ha estado sometido a tratamiento repetidamente.
Donde el retoño presidencial ha acumulado millones es en negocios internacionales, especialmente en Ucrania donde lo que aparentemente vendía era el acceso a su padre.
Que estos negocios en Ucrania fueron reales lo demuestran los ingresos –declarados o no– de Hunter Biden, quien recientemente perdió la oportunidad que se le ofrecía de declararse culpable de faltas leves por una importante evasión fiscal… precisamente de las comisiones cobradas en Ucrania.
La familia Biden, que le ha apoyado siempre, intentó descartar las informaciones en cuanto a estos negocios, pero las declaraciones públicas al respecto de dos inspectores de Hacienda hicieron imposible seguirlos negando. Especialmente porque el propio Hunter se acogió a la posibilidad de declararse culpable de fraude fiscal a cambio de una pena menor en vez de una sentencia de prisión por tratarse de millones de dólares no declarados.
El acuerdo quedó en suspenso cuando la jueza que lo había de sellar no aceptó el apaño y pidió un plazo de 30 días para revisarlo. Para el presidente sería un grave disgusto ver a su hijo entre rejas, pero el mal sería todavía peor si se demuestra que también él cobró comisiones o, incluso, según algunos sospechan, si el propio presidente tiene cuentas bancarias extranjeras no declaradas.
De ser así, tendríamos un caso invertido del hijo de papá: sería el progenitor quien acumula prebendas a cambio del esfuerzo –y quizá la prisión– de su hijo.
