Todos quieren lo mismo, chupar del bote, aparentar que hacen algo, trepar, arrimar la ascua a su sardina…. y expresiones de tal calibre escuchamos cada vez que una persona se anima a trabajar, colaborar y participar en alguna iniciativa por el bien común. Sea en el ayuntamiento de su pueblo, en la junta directiva de su club deportivo, en la asociación de padres-madres o en una ONG o asociación sociocultural.
En esta sociedad comodona, donde uno se tumba en el sofá y se pone las botas criticando a todo aquel que ose moverse, rompe con los hábitos preferidos de los comodones y los deja retratados frente a su incapacidad para implicarse en algo que vaya más allá de su interés particular, de preocuparse y ocuparse de aquello que supere la verja de su propiedad privada o de trabajar por cualquier cuestión que no sea su ombligo, como digo, en esta sociedad. Casi ninguno de nosotros somos capaces o, lo que es peor, no queremos asumir nuestras propias responsabilidades y, por ello, recurrimos a lo fácil, reclamar a las instituciones o partidos políticos, particularmente ahora que estamos en efervescencia electoral, lo que cada uno de nosotros consideramos necesario, pero por lo que no queremos trabajar, no vaya a ser que, la lucha de uno pueda beneficiar al vecino o a alguien que no sea uno mismo.
Pues bien, en la actualidad del sector primario y alimentario es cada vez más patente que las herramientas de regulación del mercado son crecientemente más débiles y que el devenir de los productores está, cada vez más, en manos del devenir del mercado puro y duro. En este contexto, quisiera destacar la importancia de una herramienta legal con la que cuenta el sistema, como es la Ley de Cadena Alimentaria, esa herramienta legal, buenista e ingenua para unos, intervencionista y filocomunista para otros, inútil para los más y esperanzadora para los menos, una herramienta legal, por cierto, que vio la luz allá por el año 2013 de la mano del popular Miguel Arias Cañete, nada sospechoso de filocomunista, y desarrollada por el socialista Luis Planas, que se vio obligado a ello ante las tremendas tractoradas que se celebraron en plena víspera de la pandemia.
Como toda herramienta legal, contiene elementos altamente positivos, alguna que otra cosa superflua y, cómo no, le faltan bastantes elementos más audaces con los que se podría mejorar bastante la ley. Ahora bien, la ley es la que es y, mientras nadie proponga cambio alguno, es responsabilidad de todos los agentes e instituciones afectadas por la Cadena Alimentaria aplicarla, desarrollarla, implementarla y, como se diría coloquialmente, sacarle el máximo jugo posible y para ello, todos y cada uno de los agentes implicados en los diferentes eslabones de la cadena, deben asumir sus responsabilidades y adoptar un papel activo.
Por ello, sin esperar a que la mama administración nos lo haga todo, los productores deben jugar un papel activo en la aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria y para lograr ese objetivo, sin complicarse en exceso, debieran comenzar por algo tan básico como es la exigencia de la firma de un contrato para compraventas de más de 2.000 euros, asegurarse que dichos contratos se registran en el correspondiente registro, algo obligatorio por ley desde el pasado 30 de Junio, adoptar una actitud activa ante el contrato, denunciando el anterior dos meses antes de que expire, exigiendo un precio por su producto que supere sus costes de producción, hacer un análisis de costes personal de su explotación o cuando menos recurrir a un análisis de costes realizado por alguna entidad oficial o de reconocido prestigio, etc., en el caso de las cooperativas asegurarse que aunque no haya contrato se comunique con antelación los precios y que los precios cubran los costes de producción y en todos los casos, sea una empresa particular, cooperativa u hostelería, sidrería, etc, se respeten los plazos de pago por producto fresco que, legalmente, está establecido en un plazo máximo de 30 días.
A lo dicho, si los productores no asumen su papel, de nada valdrá lamentarse en la barra de la taberna más próxima, puesto que los otros agentes, los que están situados al otro lado de la mesa, son conocedores de la incapacidad, pasotismo o dejadez de muchos de los productores y consiguientemente, en este complicado entramado de la cadena alimentaria, se salen con la suya.
Si la quesería, sidrería, tienda-restaurante, cooperativa, carnicería, etc, no quiere cumplir con lo establecido en la ley, bien sea que el precio no cubra los costes bien sean otras cuestiones como los rappels abusivos o el cumplimiento del plazo del pago, entonces usted, señor-señora productora debe jugar su papel, papelón diría yo, y si no puede, busque ayuda en alguna asociación, sindicato, etc.
A lo dicho, si no queremos que la Ley de Cadena Alimentaria se quede en papel mojado, usted debe espabilar y reaccionar.
* Miembro del sindicato ENBA
