Estados Unidos despertó el domingo pasado con un artículo de primera plana en el New York Times (NYT) sobre la horrible realidad de la explotación de menores de edad en los Estados Unidos. Se trata del artículo de la premio Pulitzer Hannah Dreier Alone and Exploited, Migrant Children Work Brutal Jobs con fotografías de Kirsten Luce. En 2022, alrededor de 130.000 menores entraron ilegalmente en el país sin sus tutores, casi tres veces más que en 2017. Muchos de ellos han sido forzados a aceptar trabajos prohibidos a los menores durante casi un siglo.
Como consecuencia de todo ello, al menos una docena de ellos han muerto en sus puestos de trabajo desde 2017 y otros han sufrido heridas graves. Forzados a pagar las tarifas y gastos que les imponen los enganchadores, su situación alimenta a las mafias de trata que aceleran y favorecen el proceso de inmigración en busca de beneficios. El artículo presenta una fotografía del libro de contabilidad escrito a mano por Nery Cutzal, de 13 años, que debe a su enganchador 4.036 dólares, más intereses.
Algunas de las historias son aterradoras. Niñas menores de 13 años lavan sábanas de hoteles en Virginia, menores de 12 trabajan en la construcción en Florida y Tennessee y otros son empleados de mataderos en North Carolina, Delaware y Mississippi. Muchos de ellos son estudiantes de secundaria, los cuales fabrican calcetines Fruit of the Loom en Alabama y piezas utilizadas por Ford y General Motors en Michigan, tratando de compatibilizar sus estudios con trabajos de hasta 10 horas al día con 12 años. Tal como denuncia el artículo, en estas circunstancias es muy normal que los menores abandonen la escuela para afrontar largos turnos de noche. En opinión de Valeria Lindsay, profesora en una escuela secundaria de Homestead (Florida), casi todos los estudiantes de octavo grado inscritos en su programa de inglés de los últimos tres años trabajaban como adultos.
Menores de edad solos en el país
La ley federal contra el tráfico de personas de 2008 permite que los inmigrantes ilegales menores de edad que no vengan de Canadá o México permanezcan en el país, aunque sus padres o tutores no puedan. Las normas sobre inmigración de la administración Biden han pretendido suavizar la política de separación familiar que estableció Trump, pero admitir la llegada de menores sin sus tutores no deja de ser una forma de separar a éstos de sus familias. La investigación del NYT muestra que miles de menores están cruzado la frontera sin sus padres y sin papeles, y muchos de ellos terminan trabajando en condiciones que violan las leyes sobre trabajo infantil.
Un día después de la aparición del reportaje, la administración Biden anunció que reforzaría las medidas vigentes para reprimir la explotación laboral de menores inmigrantes, y que abrirá investigaciones sobre las empresas que se benefician de su trabajo. Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, calificó las revelaciones en NYT de desgarradoras y completamente inaceptables y anunció que el ejecutivo presentará una serie de iniciativas para mejorar el apoyo y las ayudas que reciben estos menores cuando entran en el país. El departamento de trabajo explorará la posibilidad de aprobar una disposición legal sobre “bienes calientes” que permita detener el transporte interestatal de bienes cuando se haya constatado que existe trabajo infantil ilegal en la cadena de suministro.
Pero la realidad constata que es preciso tomar nuevas medidas para hacer cumplir las leyes sobre explotación infantil. Es necesario crear equipos de enlace entre el departamento de trabajo y los de salud y servicios sociales, que son asimismo responsables de la situación de los menores inmigrantes.
Trabajos peligrosos
La ley federal prohíbe que menores de hasta 15 años realicen trabajos peligrosos como la fabricación de productos en ciertas cadenas de montaje industriales, construcción, minería y procesamiento de ciertos materiales, y prohíbe contratar a menores por más de ocho horas diarias o más de tres horas en un día escolar. No está permitido a los menores trabajar antes de las 7.00 o después de las 19.00. Pero los contratantes no siempre saben quién trabaja en sus instalaciones, expresó el portavoz del departamento de trabajo, ya que los menores usan a menudo identificaciones falsas y encuentran trabajo a través de agencias de empleo que no verifican sus números de seguridad social.
Las empresas han evitado multas en el pasado culpando a estas u otras agencias subcontratantes cuando descubren las violaciones, pero se ha comprobado que la multa máxima por infracciones de las regulaciones de trabajo infantil, que se sitúan en torno a los 15.000 dólares por incidente, no es suficiente para disuadir a estas empresas de recurrir a la explotación infantil.
Por su parte, la representante demócrata de Michigan Hillary Scholten, pidió al Congreso que refuerce la política del gobierno con nuevas medidas legales sobre explotación infantil. Desde el Partido Republicano, que se muestra muy crítico con las políticas de inmigración de la administración Biden, se han comenzado a proponer medidas para investigar las acciones gubernamentales y legislar al respecto, exigiendo a los departamentos de salud y servicios humanos que brinden una mejor atención a los menores después de que sean entregados a sus guardianes legales en el país.
La ley de 2008 permite a los menores que llegan solos permanecer en los Estados Unidos y solicitar asilo u otro tipo de protección legal. Pero está claro que el nivel de cobertura legal que ofrece el departamento de salud y servicios humanos no es suficiente para protegerlos del tráfico o de la explotación. Paralelamente, ciertas estrategias de los servicios sociales han sido contraproducentes. La administración Biden pensó con buen criterio que era beneficioso para los menores acelerar su salida de los refugios sociales, donde se hallan en régimen de detención, con grandes limitaciones de movilidad.
Pocas opciones de ayuda social
No obstante, según ha apuntado Dreier para el New York Times, esto obliga al departamento a cargo de la tutela de estos menores a revocar la protección de la que gozaban en estos refugios; extender su estancia habría permitido más tiempo para hacer las pertinentes verificaciones legales. En suma, una vez que los menores son liberados, gozan con pocas opciones de ayuda social. La mayoría sale de los refugios “con poco más que el número de teléfono de ayuda social”. NYT ha acusado que los niños que llamaban a esta línea directa de ayuda para denunciar un caso de explotación laboral no eran atendidos debidamente. Por lo general, los operadores remitían sus denuncias a las fuerzas del orden locales.
Bajo el lema Migrant Minors Matter, se han elevado muchas preguntas, la mayor parte a la espera de respuesta. ¿Es la admisión de menores en el país la mejor alternativa?, ¿hasta qué punto es justificable la separación de los menores de sus familias aun cuando se procure su mejor bienestar?, ¿cuál es la mejor alternativa a la deportación?, ¿a dónde irán estos menores si pierden sus trabajos?, ¿qué pasa con los miles que viven en las calles, sin empleo, cobertura social o apoyo familiar?
El Londres de Dickens no es cosa del pasado, ni tampoco narrativa literaria. Continúa siendo una ácida realidad en el discurso histórico de los cinco continentes.
