A los pensionistas no les salían las cuentas en mayo y tampoco les salen ahora, seis meses después, y menos con la disparatada subida de los precios. Como si del día de la marmota se tratara, salieron ayer de nuevo a las calles de Vitoria para reclamar una jubilación mínima de 1.080 euros y un sistema público y sin recortes.

Sus reivindicaciones caen una y otra vez en saco roto, pero no se dan por vencidos. Ni ellos -acostumbrados a pelear mejoras laborales desde su juventud-, ni sus hijos y nietos que, aunque pocos, y la mayoría sindicalistas, se van sumando de forma aún muy tímida a las protestas. "Parar la reforma de Escrivá no sólo es un problema de los pensionistas sino de toda la sociedad. La movilización es nuestra garantía", recuerda el colectivo a los futuros jubilados.

Mari Carmen ha cuidado a sus padres, ha sacado adelante a un hijo autista y ha atendido a un marido enfermo, pero "se supone que nunca he trabajado, y no he hecho otra cosa", indica. Cobra una escasa pensión de viudedad, una de las razones por las que se acercó hasta el museo Artium para marchar en manifestación. "A las viudas nos destinan a la miseria", lamenta. Por eso, para Mari Carmen, la reivindicación más justa y necesaria es que "nadie tenga una pensión inferior a 1.080 euros y que suban las de viudedad", afirma.

Su exigencia es básica, como la del colectivo que le arropa: un sistema público de pensiones revalorizado, acorde con el coste de la vida, que pasa, por ejemplo, por una pensión mínima de 1.080 euros y un salario mínimo de 1.200 euros mensuales, además de subir las jubilaciones más bajas, como las de las viudas, entre otras. Sin embargo, nada de nada. Sus demandas vuelven a chocar contra la pared, así que, es probable que, en unos meses, todos se encuentren en una nueva protesta por las calles de Gasteiz y de otras ciudades y pueblos del Estado.

la marcha sube de tono

¿Qué pasa?, se pregunta el colectivo de pensionistas para que estos asuntos hayan dejado de ser de interés para el gobierno socialista de Pedro Sánchez, al que piden que ponga fin a los anunciados recortes, a las pensiones de miseria y a los planes privados de empresa, además de la dimisión del ministro Escrivá.

"La reforma que esperamos del Gobierno es blindar las pensiones públicas, dignas, justas y suficientes, y hacer efectivas nuestras reivindicaciones", clama el colectivo. "Esta nueva reforma, la tercera en diez años, al dictado de la banca y del poder financiero, se traducirá, si no somos capaces de remediarlo, en recortes de las futuras jubilaciones, y en un plan de privatización del sistema público de pensiones", censura.

Animados y reivindicativos, los manifestantes marchan por la calle La Paz con banda de música, mientras arremeten contra el Gobierno, más que en otras manifestaciones. "Mikel, ¿Tienes un cartel de Escrivá?" Se refiere al que preside la imagen del ministro acompañada de frases como ¡Ladrones! Subida del IPC y Nos roban un 3%.

'La pobreza tiene rostro de mujer'

Las consignas contra el gabinete Sánchez elevan el tono de la marcha, ordenada en tres filas, junto a los ya tradicionales carteles como Jubilación a los 65, Pensión mínima 1.080 euros, Trabajo precario, pensión miserable y La pobreza en mayores tiene rostro de mujer.

Así, hasta la Virgen Blanca. Insisten los manifestantes en que las pensiones mínimas deben elevase hasta equipararse al salario mínimo interprofesional (SMI) y éste situarse en el 60% del sueldo medio. En derogar las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 y las reformas laborales de 2010 y 2012, que "recortan las pensiones y reducen salarios y cotizaciones sociales".

Pero también en eliminar el factor de sostenibilidad y en que la jubilación vuelva a los 65 años para "crear empleo, mitigar la pobreza y la brecha de género", considera el colectivo en defensa de unas pensiones públicas y dignas. "Las pensiones públicas son sostenibles", concluye sin perder la esperanza de que, esta vez, sus demandas no caigan en saco roto. "Algunas cosas se pueden parar", confía Mari Carmen.