Cinco días después de que una resolución judicial diera la razón a la asociación Apasos "mediante la adopción de medidas cautelares" para su readmisión en la perrera municipal, el Ayuntamiento de Vitoria ha comunicado este viernes que el Juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo ha dictado un auto por el que deniega estas medidas cautelares solicitada por Apasos, que "vertía una serie de denuncias graves contra la gestión del centro de protección animal".
Tras recibir las alegaciones y el informe de los técnicos municipales, el escrito indica que "los animales albergados en el CPA están adecuadamente atendidos" y "no existen perjuicios irreparables". Por ello, la gestión de la perrera municipal seguirá a cargo de la casa municipal tras la decisión tomada por el juzgado.
El auto, como asegura el Consistorio, indica que el centro "presta sus servicios con personal funcionario, cuyas cualificaciones técnicas, competencias, funciones, tareas y selección se determinan y realizan según normativa y procedimientos establecidos y en todo caso en base a principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia y seguridad jurídica".
"Personal cualificado y con experiencia"
Del mismo modo, apuntan que, "para actuaciones complementarias -no esenciales- el centro cuenta y ha contado en el pasado con la colaboración de diversas entidades asociativas (no sólo de la recurrente) y voluntariado no asociado", a los que se suman "personal propio cualificado, formado y con amplia experiencia en ámbito animal, siendo el personal adscrito el suficiente para la prestación del servicio"
Adicionalmente, en cuanto al programa de casas de acogida temporales en el que se basaba la asociación para solicitar su regreso al centro, desde los tribunales destacan que "tales programas llevan en marcha en el CPA desde hace más de 10 años".
