Dos personas están siendo investigadas por un presunto delito contra el patrimonio cultural vasco, por haber participado presuntamente en el expolio de yacimientos arqueológicos ubicados en Álava utilizando un detector de metales. Esta investigación es fruto de la operación de la Ertzaintza denominada Burdin, que ha posibilitado, además, la recuperación de un elevado número de restos arqueológicos metálicos de diversas épocas y la ocupación de un detector de metales.

El Departamento de Seguridad informó ayer de que el trabajo policial comenzó en junio de 2020 tras una reunión entre representantes de varios ayuntamientos, la Diputación alavesa, arqueólogos profesionales y agentes de la Ertzaintza, en la que se trató el “grave problema de daños y sustracción de restos históricos” que se estaba detectando en diversos yacimientos alaveses. Tras este encuentro, la institución foral interpuso varias denuncias por expolio arqueológico en distintos yacimientos, entre ellos Iruña-Veleia.

Las investigaciones comenzaron en noviembre de 2020 cuando una persona alertó a la Policía autonómica de que dos individuos estaban realizando una cata clandestina en Iruña-Veleia. Tras este aviso, identificaron a los sospechosos, domiciliados ambos en Vitoria y que también actuaban en Arkaia y en otros lugares por determinar.

Al parecer, pasaban un detector de metales por las zonas de interés, después de realizar catas clandestinas con palas y azadas sin metodología arqueológica. Con este método se apropiaban de todos los restos metálicos que pudieran localizar, lo que ocasionaba daños y la “pérdida irreversible” de la información científica asociada a los restos. Entre los vestigios metálicos encontrados hay monedas, balas, adornos, clavos, utensilios y herramientas de diversas épocas históricas.

Las diligencias y las evidencias serán remitidas al Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria y los restos ocupados serán enviados al Museo de Arqueología de Álava para la realización del correspondiente informe pericial y la determinación de sus yacimientos de origen.

Esta intervención tiene como antecedente más cercano la operación Ondare, desarrollada en diciembre del año pasado, que se saldó con la desarticulación de un grupo criminal con sede en Agurain, que presuntamente se dedicaba al expolio continuado de cuevas y yacimientos en Euskadi y Navarra. En aquella operación, los agentes se incautaron de más de 20.000 restos arqueológicos líticos, óseos y cerámicos en el domicilio de uno de los integrantes del grupo. La Ertzaintza recuerda que la Ley de Patrimonio Cultural vasco prohíbe cualquier intervención arqueológica sin autorización foral, así como el uso de detectores de metales en yacimientos arqueológicos.