Petición

Una renta básica incondicional para evitar la pobreza

Decenas de asociaciones promueven una Iniciativa Legislativa Popular frente al Parlamento Vasco

18.02.2021 | 12:55
Una mujer protesta por la carestía de la vivienda.

Decenas de asociaciones sociales y sindicatos han presentado este jueves frente al Parlamento Vasco una iniciativa legislativa popular por una renta básica incondicional en forma de ingreso individual, universal e incondicional. Iosu Balmaseda, del sindicato Argilan ESK, ha comentado que se trata de "una herramienta para acabar con la pobreza y avanzar en los derechos para todas las personas".

La cuantía de la citada renta ascendería a 900 euros para las personas adultas (o menores de 18 años emancipadas), 450 euros por los niños de entre 14 y 18 años no emancipadas y 270 euros por las personas menores de 14 años. Itziar Guerendiain, una de las componentes de la promotora, ha esclarecido que "a través de una reforma fiscal del IRPF, la renta básica incondicional sería plenamente asumible en términos presupuestarios".

En la rueda de prensa, Guerendiain ha explicado que la implementación de la renta no solo exige una reforma radical progresista de la fiscalidad, también se trata de "un combate contra la riqueza obscena de las personas ultrarricas, eliminación de la ilusión fiscal para empresas multinacionales". También ha añadido que "sostenerlo en términos de utopía solo responde a evitar repartir la riqueza y seguir concentrándola en manos de unas pocas".


Sin recortes

Balmaseda  ha hecho alusión al Parlamento Vasco situado detrás de su rueda de prensa: "No depende de las farmceúticas, sino de los que están ahí dentro". La renta sería financiada por los Presupuestos Generales de la CAV, pero la promotora sostiene que no supondría ningún recorte de los derechos que actualmente conforman el estado de bienestar. "No se trata de si se puede, sino si se quiere", ha concluido Guerendiain.


Una vida digna

Una vez presentada la iniciativa, la Mesa del Parlamento tendrá 30 días para aceptarla, y, tras dar luz verde, la promotora deberá reunir 10.000 firmas de la ciudadanía.