Madrid. La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales siete años de prisión por adoctrinamiento yihadista para el argelino Izzadine B., detenido en diciembre de 2018 en Vitoria por captar adeptos entre la comunidad islámica vasca desde su posición de presidente de una asociación cultural.
La Audiencia Nacional ha señalado el inicio del juicio por esta causa para este lunes.
En su escrito de acusación el fiscal relata que se detectó que el acusado trataba de conocer a una mujer musulmana en Facebook y comprobada su radicalidad yihadista y el conocimiento que decía tener de las rutas para acceder a las zonas donde actuaba la organización terrorista Estado Islámico se autorizó la intervención de un agente encubierto.
Añade que el agente encubierto simuló ser una mujer musulmana y pudo comprobar la verdadera intención del acusado, que "tenía la finalidad de extender en Europa el mensaje radical de Estado Islámico para lo que se refería como 'el plan'".
El fiscal relata que en público se mostraba como una persona centrada "para ocultar sus verdaderas intenciones".
"En este contexto el acusado asesoró al agente encubierto -que él creía que era una mujer musulmana- con la finalidad de captarla para sus actividades terroristas y así vengarse de los que llama 'infieles'", agrega.
Relata que "del mismo modo con el objeto de que se pudiera formar en la doctrina salafista wahabita, que defiende la yihad islámica, le remitió un listado con los nombres de trece sabios religiosos islámicos".
En el registro en el domicilio del acusado, practicado el 17 de diciembre de 2018, fueron hallados efectos que poseía para su actividad ilícita como un curso de márketing para facilitar la distribución de sus ideas radicales y manuales sobre circuitos eléctricos, redes informática y programación para dotarse de seguridad en sus comunicaciones informáticas, según el fiscal.
Añade que en el disco duro de su ordenador portátil el acusado tenía enlaces con tutoriales destinados a la eliminación definitiva de archivos informáticos, que empleaba para no dejar vestigio alguno de las páginas que visitaba y de los documentos que difundía.
También fue encontrado un teléfono móvil cuyo desbloqueo fue impedido por el acusado y que empleada para su actividad ilícita, mantiene el fiscal.
Además de los siete años de prisión, el fiscal pide que sea condenado a ocho años de libertad vigilada.
Asimismo solicita que una vez que cumpla las tres cuartas partes de la pena de prisión que se le imponga que se proceda a la sustitución de la restante por su expulsión del territorio español con prohibición de regresar durante ocho años.
