- El Juzgado de lo Social de la capital alavesa acoge este mediodía la vista en la que decidirá la continuidad de la aplicación del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para 260 conductores de Tuvisa, vigente desde el pasado 21 de marzo. Como adelantó en exclusiva DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, en su edición del pasado 6 de mayo, a las 12.15 horas están citados los abogados defensores del Ayuntamiento de Gasteiz y los del comité de empresa para desarrollar la sesión por la demanda de conflicto colectivo interpuesta por la parte social.

La decisión judicial es la estación final de este conflicto que enfrenta a trabajadores y dirección de la sociedad municipal de transporte, desde que se determinó la aplicación del ERTE a mediados del pasado marzo, ante el desplome del 95% en las cifras de viajeros por la crisis del coronavirus.

En las negociaciones previas no se llegó a un acuerdo entre las partes sobre las condiciones de aplicación a los conductores. Tras la aprobación inicial por parte del Departamento de Empleo del documento de regulación empezaron a hacerse más visibles las discrepancias. Las alegaciones iniciales presentadas por el comité de empresa no fueron tenidas en cuenta y se procedió al segundo paso con la interposición del recurso de alzada y la presentación de la demanda por conflicto colectivo ante la justicia ordinaria. A comienzos de mayo llegó la negativa también hacia el recurso de alzada y la decisión del Juzgado de lo Social es la vía a la que se aferra el comité de empresa para lograr la anulación del ERTE en Tuvisa. Confían los representantes sindicales en los precedentes de ciudades como Valladolid y Valencia donde las autoridades laborales rechazaron la aplicación de este tipo de regulación temporal entre la plantilla de unas sociedades públicas de ambas ciudades que, al igual que Tuvisa, se encargan del transporte de viajeros en esas poblaciones.

En esos dos pronunciamientos se aludió a la naturaleza de este tipo de sociedades vinculadas a administraciones públicas para no ser viable la aplicación de un ERTE. Existe también posicionamiento de la Abogacía del Estado en las que apunta además como criterio último la naturaleza de la financiación de estos organismos, que en el caso de Tuvisa llega desde las arcas del Ayuntamiento en una proporción cercana al 70%, mientras en el caso de los ingresos obtenidos por venta de billetes y recaudación de los parkings se queda en un 30%.

Mientras en el interior de la sala tenga lugar la vista, en los exteriores del Palacio de Justicia, en la Avenida Gasteiz, los representantes del comité de empresa van a llevar a cabo una concentración, a partir de las 12.00 horas y por espacio de sesenta minutos. Las autoridades han dado el visto bueno a esta forma de protestar, remarcando la obligatoriedad de mantener la distancia de separación entre los integrantes del comité que van a estar presentes frente a los juzgados.

La legislación sobre este tipo de conflictos contempla que la decisión del magistrado se produzca en un plazo de 72 horas tras la finalización de la sesión y haber quedado visto para sentencia. De manera que, de cumplirse los plazos, para finales de esta semana habría un pronunciamiento sobre la continuidad o no del ERTE en Tuvisa.