El Gobierno alavés (PNV-PSE) ha rechazado reducir de 600.000 a 120.000 euros el umbral económico a partir del cual una persona o entidad puede ser incluida en el listado público de deudores a la Hacienda Foral, tal y como ha propuesto el grupo juntero de EH Bildu.
El acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno Foral rechaza la proposición de EH Bildu y sostiene que la publicidad de deudores es una medida de "carácter excepcional, preventiva y disuasoria, y no un instrumento principal de lucha contra el fraude fiscal", por lo que cualquier ampliación de su alcance debe respetar criterios estrictos de proporcionalidad, necesidad y seguridad jurídica.
La Diputación Foral ha recordado que el umbral actualmente vigente de 600.000 euros coincide con el establecido en Bizkaia, Gipuzkoa y en la normativa estatal, lo que responde a una pauta homogénea que reserva este mecanismo a supuestos de incumplimiento tributario de especial relevancia económica.
El ejecutivo foral considera que la proposición de EH Bildu no acredita de forma suficiente que rebajar el umbral a 120.000 euros "vaya a mejorar de manera proporcionada la eficacia en la lucha contra el fraude o el cobro de las deudas tributarias".
Asimismo, la institución foral señala que la iniciativa "sobredimensiona una medida accesoria y desplaza el foco desde los instrumentos materiales de control, inspección y recaudación hacia un mecanismo de exposición pública con fuerte impacto reputacional".
Tanto el acuerdo del Consejo de Gobierno Foral como el informe técnico advierten también de deficiencias relevantes de técnica normativa en la proposición registrada por EH Bildu.
Uno de los aspectos que la Diputación Foral valora "deficiente" de este planteamiento es que la redacción propuesta eliminaría, de hecho, el límite temporal de tres meses durante el que, actualmente, el listado puede permanecer público y accesible. Entiende que ello aumentaría la afectación sobre el "derecho al honor, a la intimidad y a la protección de datos de las personas afectadas".
El informe añade que la proposición tampoco incorpora una disposición sobre entrada en vigor ni un régimen transitorio para las situaciones preexistentes, lo que incrementa la "inseguridad jurídica" del texto planteado.
INVESTIGACIÓN VERSUS PUBLICIDAD
La institución foral defiende que la lucha contra el fraude fiscal debe apoyarse prioritariamente en instrumentos con capacidad efectiva de comprobación, investigación, recaudación, derivación de responsabilidad e imposición de sanciones, y no en la "expansión de mecanismos de publicidad que deben reservarse para supuestos verdaderamente cualificados por su gravedad económica".
Con este acuerdo, la Diputación Foral de Álava traslada a las Juntas Generales su posición contraria a la toma en consideración de la iniciativa presentada por EH Bildu.
