Trebiñu exige protección para el euskera en su escuela infantil

Vecinos y familias de Trebiñu y el Observatorio de Derechos Lingüísticos Behatokiadenuncian la situación de desprotección y el futuro de incertidumbre que vive el euskera en el enclave. Recuerdan que aunque se trate de “un idioma propio”, la administración de Castilla y León, que adquirió hace unos meses la competencia de la escuela infantil, no asegura la supervivencia de la lengua en el centro educativo de Trebiñu.

“En la educación pública no hay opción a estudiar en euskera, y en la escuela infantil, aunque ahora mismo se está manteniendo la línea de euskera, no sabemos cómo esta adquisición va a afectar a la enseñanza de nuestra lengua en un futuro”, denuncian los familiares.  

Reclaman que desde la administración de Castilla y León no se toman ningún tipo de medidas para fomentar iniciativas en euskera. Esto choca, directamente, “con la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias que firmó el Gobierno de España” hace más de 30 años, en la cual se apoyan desde Trebiñu para exigir a la administración que desarrolle un plan de enseñanza de la lengua.

Asimismo, en Behatokia tienen claras las exigencias que van a realizar a los castellanoleoneses. Por un lado, piden que la administración “impulse y financie iniciativas” que ayuden a mejorar la situación del idioma. Por otro lado, que los servicios y materiales necesarios de la escuela infantil de Trebiñu se ofrezcan también en euskera. Y para acabar, exigen que “borren los obstáculos” existentes en la enseñanza del euskera a la vez que ayuden a impulsar la euskaldunización de personas más mayores, según explica Agurne Gaubeka, directora del Observatorio.

Tal y como han revelado, estas exigencias las trasladarán al Ministro de Cultura del Gobierno, al director de Políticas de Cultura y al consejero de Educación de Castilla y León, que serán nombrados en breve. 

No oficial

El status del idioma es peculiar en el enclave. Aunque los vecinos lo reclamen como “lengua propia”, el euskera no está oficializado. Sin embargo, tal y como se recoge en la carta europea, las administraciones tienen la obligación de impulsar lenguas minoritarias. Esto choca con casos como el de 2021, en el que la Justicia anulaba el plan de euskera del condado, al no disponer la lengua de “una base legal”.