El inicio del curso escolar ha puesto en evidencia una grave carencia en el transporte interurbano accesible. Una alumna de 17 años de Agurain, usuaria de silla de ruedas, no pudo acudir al instituto en Vitoria-Gasteiz el pasado lunes 8 de septiembre en un autobús de Alavabus porque la plataforma de acceso no funcionaba.
La familia había informado previamente al Servicio de Transportes de la Diputación Foral de Álava (Alavabus) de que la estudiante utilizaría la Línea 5 Araia–Vitoria/Gasteiz en los horarios de 06:35 y 15:00 durante todo el curso escolar 2025-26.
Tras recibir la conformidad del servicio, el viaje debía estar garantizado. Sin embargo, la plataforma estaba inoperativa, bloqueando el funcionamiento general del vehículo y dejando a la alumna sin transporte.
Exigen una revisión inmediata del estado de todas las plataformas de accesibilidad y un protocolo de actuación urgente en caso de avería
Desde la asociación Eginaren Eginez califican de inadmisible que un servicio público esencial presente fallos que impidan a una menor asistir a clase. Denuncian que este hecho vulnera el derecho a la educación en igualdad de condiciones y evidencia la necesidad urgente de garantizar la accesibilidad en todos los vehículos.
Por ello, exigen a las instituciones competentes y a la empresa concesionaria una revisión inmediata del estado de todas las plataformas de accesibilidad de los autobuses interurbanos; en segundo lugar, la implantación de un protocolo de actuación urgente en caso de avería que evite que ninguna persona vuelva a quedarse sin transporte; y, en tercer lugar, la asunción de responsabilidades por parte de los organismos implicados para asegurar que estas incidencias no se repitan.
“Es inaceptable que, en pleno 2025, las personas con movilidad reducida sigamos siendo excluidas por la desidia de las instituciones y de las empresas concesionarias del transporte”
La asociación subraya que no se trata de un simple fallo técnico, sino “de un derecho fundamental vulnerado”. Tal y como denuncian, “es inaceptable que, en pleno 2025, las personas con movilidad reducida sigamos siendo excluidas por la desidia de las instituciones y de las empresas concesionarias del transporte”.
Asimismo, recuerdan que el caso de la menor de Agurain no es aislado, sino la “consecuencia de años de falta de inversión, negligencia en el mantenimiento y ausencia de protocolos efectivos”. Lamentan, además, que cada incidencia suponga “un muro más contra la igualdad de oportunidades”.
En cualquier caso, insisten en que la accesibilidad no es una opción, sino un derecho reconocido tanto en la normativa estatal como en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. “Es responsabilidad de las instituciones garantizar que ninguna alumna o alumno se quede en casa por fallos en el transporte público”, concluye el comunicado de Eginaren Eginez.
