El juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao ha pedido al Juzgado de Guardia que investigue si los trabajadores de la cárcel de Álava están llevando a cabo una "huelga encubierta" ante el incremento de bajas por incapacidad temporal, lo que está causando que se suspendan servicios básicos en el centro.
El juez pide "medidas urgentes" y el Ejecutivo autonómico ha activado la bolsa de trabajo y ya ha puesto en marcha la incorporación inmediata de 32 trabajadores
El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco ha informado de esta decisión judicial recogida en un auto del citado juzgado de Bilbao, en el que se recogen diversos informes llevados a cabo por el director del centro alavés que dan cuenta de la "carencia de recursos humanos por causas sobrevenidas".
Esta falta de personal ha supuesto el cierre de varios servicios, el previsible cierre inminente de los talleres, así como la suspensión de las comunicaciones de los reclusos con sus familiares y sus abogados.
La petición judicial se conoce después de que este jueves el presidente de Acaip-UGT, José Ramón López, haya advertido al Gobierno Vasco de que el sistema penitenciario en Euskadi puede ir a la "quiebra" como continúe con su actual gestión, que mantiene a las tres cárceles vascas en un "absoluto caos".
Esta falta de personal ha supuesto el cierre de varios servicios, el previsible cierre inminente de los talleres, así como la suspensión de las comunicaciones de los reclusos con sus familiares y sus abogados
El director de la cárcel remitió estos informes a instancias del juzgado, en los que también señala que la falta de personal no responde a ninguna convocatoria de huelga, pero "sí a una comunicación verbal, consensuada por el conjunto de la plantilla de trabajadores de cesar en su disponibilidad para realizar las horas extras requeridas para la cobertura de los servicios prestados en el centro penitenciario de forma ordinaria, en el contexto de la negociación de sus condiciones laborales".
A esta situación se suma, según el Gobierno Vasco, que a lo largo de diciembre han aumentado las incapacidades laborales, "continuadas y masivas", hasta 73 trabajadores desde el 4 de diciembre.
En su auto el juez considera la situación "preocupante, insostenible, intolerable y alarmante" y cree que concurren "todos los datos para concluir que se trata de una huelga encubierta". Esta posibilidad "ha conllevado que se vean vulnerados los derechos de la población reclusa".
Por ello, el juez pide "medidas urgentes" y el Ejecutivo autonómico ha activado la bolsa de trabajo y ya ha puesto en marcha la incorporación inmediata de 32 trabajadores.
Además, el juzgado emplaza al Gobierno a que estudie la posibilidad de adoptar medidas de carácter disciplinario con respecto a los funcionarios penitenciarios que, "de forma consecutiva, continuada y colectiva, presentaron la baja médica desde el día 4 del presente mes"
CONTEXTO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Desde el departamento se ha afirmado que la situación generada en este centro penitenciario, "inédita hasta ahora", coincide con un momento de negociación colectiva, derivada de la decisión del Departamento de Justicia y Derechos Humanos de aprobar una Relación de Puestos de Trabajo, la primera tras tres años desde la transferencia.
Esta RPT amplía la plantilla en 260 personas para dar solución a la acumulación de horas extras y falta de personal. Este proceso coincide en el tiempo con un concurso de traslados convocado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, al que, según los datos facilitados por la propia Secretaría, se habrían apuntado 195 personas que deben tomar una decisión definitiva en las próximas semanas.
El departamento ha añadido que esta negociación "sigue abierta y con plena voluntad de acuerdo", con propuestas económicas "concretas" para mejorar los complementos de quienes realizan tareas de especial penosidad.
Por ese motivo, ha mostrado su esperanza en que estas propuestas "tengan su receptividad en el ámbito competente de función pública". En este sentido, ha indicado que esta negociación "se celebra en su ámbito natural", por lo que no participará "en el debate público de esas condiciones".
