Según el informe anual Prestación de Ayuda Médica para morir en Euskadi de la Comisión vasca de Garantía y Evaluación, firmado a 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo previsto por la Ley Orgánica 3/2021 (LORE) (artículo 18.e), de Regulación de la Eutanasia, nueve personas en Álava, respecto a las 128 que así lo hicieron en Euskadi, solicitaron ayuda para morir en este territorio.
Un procedimiento que finalmente se realizó en 39 de todas esas peticiones del conjunto de la CAV (15 en 2021 y 24 en 2022), lo que supone un 30% de las solicitudes y un 0,1% de los fallecimientos de ese año.
Según precisó ayer en su comparecencia en Juntas Generales, a petición de Elkarrekin, Cristina Valverde, coordinadora en Álava de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, entre las no realizadas hubo 55 personas que fallecieron antes de acceder a la misma, que suponen el 43% de las solicitudes. Además, hubo otras que se desestimaron y otras que no llegaron a la Comisión.
“Morir en inevitable, hagámoslo de la manera más digna. Queremos que se elija el lugar y el momento, pero que sea digno, que se sienta que esa elección es respetada y se ayude a respetarla”, destacó en su intervención.
FALTA DE INFORMACIÓN
No en vano, su agrupación cree que uno de los problemas más importantes es la falta de información entre la población y el personal, lo que hace que haya “personas gravemente enfermas que no conocen la prestación o que cuando ya la conocen, es demasiado tarde porque debido a su deterioro, su estado ya es muy grave”.
Valverde también denunció “el exceso de garantías de la LORE y el sufrimiento que establece hasta alcanzar un deterioro que sea incompatible con la dignidad”.
Como expuso, en gran parte se podría solucionar con más información al personal sanitario o sociosanitario, ralentizando el procedimiento debido a su “excesiva burocracia” o con el documento de voluntades anticipadas, que aunque a enero de 2023 Euskadi era la segunda comunidad en documentos otorgados, solo un 1,8% de la población lo ha redactado, frente al 2,2% en Navarra. La media estatal es del 0,8%.
Y aunque hayan pasado más de dos años desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/21 de Regulación de la Eutanasia, todavía aparece en la sociedad el rechazo a hablar del final de nuestras vidas, “porque la muerte sigue siendo un tabú”, pero ese desconocimiento genera “situaciones de inseguridad y angustia” a la hora de tomar decisiones e incluso “conflicto entre los familiares” lo que genera “desasosiego entre todos”.
Por todo ello, insta al Gobierno Vasco la creación de un Observatorio de la Muerte para que analice cuáles son los problemas y cómo es el proceso de morir y cómo se cumple la LORE, puesto que “Navarra, Cataluña y Aragón han empezado a realizarlo. Sería una manera de medir cómo nos morimos”, puesto que “lamentablemente, las leyes se convierten en mero papel escrito, sino se analizan las deficiencias”.
Lugares, en los que como detallaron desde la asociación, se hacen reuniones con Departamentos de Salud que trabajan con colectivos “que trabajan para que este proceso de final de la vida sea lo mejor posible”.
Datos
Solicitudes por año y estado de la solicitud.
–2021: 19 solicitudes.
Autorizadas: 16.
Realizadas: 15.
Aplazadas: 1 (se realizó en 2022**).
Fallecimiento durante el proceso de solicitud: 2.
Rechazadas: 1.
–2022: 40 solicitudes.
Autorizadas: 27.
Realizadas: 24 (** 1/2021) supone el 0.10% del total de fallecidos en CAPV.
Aplazadas: 3.
Fallecimiento durante el proceso de solicitud: 5.
Rechazadas: 7.
Desistimiento: 2
Análisis de las solicitudes por OSI de referencia y territorio histórico.
–Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces 5 (12.5%).
–Bilbao-Basurto 7 (17.5%).
–Donostialdea 10 (25%).
–Barrualde-Galdakao 2 (5%).
–Araba 9 (22.5%).
–Debagoiena 1 (2.5%).
–Bidasoa 3 (7.5%).
–Uribe 3(7.5%).
Por territorio histórico y tasa poblacional.
–Araba 9/40 (0.028 ‰).
–Bizkaia 17/40 (0.015‰).
–Gipuzkoa 14/40 (0.020‰).
