El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Laguardia pidió el martes “cordura” a los grupos municipales y que no revoquen el Decreto de Alcaldía que acuerda recurrir la sentencia que avala al secretario municipal en su exigencia de obtener una subida de sueldo, y que se debatirá este jueves en un pleno que se celebrará a las 14.00 horas.

Según el equipo de gobierno, tres informes subrayan la necesidad de recurrir. El primero de ellos es del asesor jurídico del municipio, otro del Gobierno Vasco y un último de la Diputación Foral de Álava. Además, existe un cuarto informe del asesor jurídico del Ayuntamiento de Laguardia sobre los procesos a seguir para llevar a cabo dicho recurso.

Reunión con los grupos

En una reunión celebrada con los grupos se les explicó la necesidad de seguir adelante con el litigio. “Estamos seguros de que así será, ya que tenemos el deber de velar por los intereses municipales, y pedimos a la ciudadanía apoyo, asistiendo al pleno”, manifestó el equipo de Gobierno.

La citada reunión tuvo lugar el 21 de septiembre en el Ayuntamiento de Laguardia, con toda la Corporación y su equipo defensor, para trasladar a los concejales el estado del conflicto judicial. Este arrancó cuando el actual titular de la plaza de secretario denunció al Consistorio en 2022 por no aceptar los concejales un acuerdo de subida de sueldo antes de incorporarse al puesto, “del que conocía cual iba ser su sueldo antes de inscribirse a la plaza”.

Problemas judiciales

En la reunión de la Corporación se pusieron sobre la mesa los problemas judiciales que traería a los concejales la decisión de no recurrir “y desoír las recomendaciones de Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava, que recuerdan, sobre todo, el deber e incluso obligación, del Ayuntamiento y de los concejales, de defender los intereses económicos del municipio, existiendo, además, razones fundadas de fondo para proceder a la apelación de la Sentencia”, de “más que discutible fundamentación jurídica”.

Según el equipo de Gobierno, no recurrir supondría “aceptar el abono de un complemento de 15.000 euros anuales al secretario, que no tiene justificación alguna”, y “aumentar en unos 23.000 euros anuales el salario del puesto”