La ciudad de Orduña, municipio vizcaíno anclado en pleno Valle de Ayala, va a dar el jueves, 28 de julio, un nuevo paso en el trabajo de recuperación de la memoria histórica que lleva abordando desde 2011. Y es que, será ese día, concretamente a las 11.00 horas, cuando proceda a inaugurar en su cementerio municipal el denominado Columbario de la dignidad. Un espacio en el que se reinhumarán los restos mortales de 15 víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, 14 de ellas fallecidas en la antigua prisión central del municipio y exhumadas del mismo cementerio en 2014, dignificando su memoria. Para su construcción, el Ayuntamiento ha contado con un presupuesto de 80.000 euros, IVA incluido, provenientes de Gogora, el instituto de la memoria, la convivencia y los derechos humanos.
En este contexto, cabe recordar que entre 1937 y 1941 fallecieron, al menos, 225 personas en el campo de concentración de prisioneros de guerra y la citada prisión. Un dato escalofriante que llevó en 2014 al equipo liderado por el antropólogo forense Francisco Etxebarria y la doctora en Historia Lourdes Herrasti, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, a presentar un informe relativo a la exhumación de 14 víctimas que fallecieron estando cautivas en este lugar, y en el que se recogía la posibilidad de que existieran más enterramientos equivalentes bajo el suelo de la parcela sobre la que se construyeron los nichos de la zona derecha del cementerio.
En consecuencia, el consistorio orduñés acordó en 2017 extinguir las concesiones de los derechos funerarios de 204 nichos en esa zona a fin de facilitar la continuación de los trabajos de localización, recuperación e identificación de restos humanos de víctimas de la represión franquista. En una segunda prospección en los pasillos de la zona izquierda, en septiembre de 2021, Aranzadi descartó la existencia de restos humanos correspondientes a los presos de la prisión central en el lugar. No obstante, certificaron la existencia de inhumaciones individuales, aunque se desconoce si se corresponden con los fallecidos en el penal, cuyos restos fueron trasladados en algún momento.
Próximas exhumaciones
Ahora, en 2022, el Ayuntamiento de Orduña ha procedido a la eliminación de 96 nichos de la zona derecha del cementerio (los de los números 310 al 405) y al traslado de los restos mortales que contenían a unas nuevas cavidades, de cara a la exhumación de los huesos de presos que pueden encontrarse bajo los mismos.
La institución local ha recibido una subvención de 25.000 euros por parte de la FEMP, Federación Española de Municipios y Provincias para estas últimas acciones.
El Ayuntamiento quiere agradecer su colaboración y empatía a las familias de Orduña que han permitido el traslado de los restos de sus familiares de cara a la exhumación de los restos mortales de los presos que se puedan localizar bajo los mismos.
El mayor de una de ellas, la familia Oiarzabal Madaria (y a la que pertenece la que esto escribe), considera que el agradecimiento es mutuo. “Mi madre Teresa y mi padre Salvador, que también fue condenado, como tantos otros, a trabajos forzados, lejos de su tierra, así lo hubieran querido”. Ellos no hablaban mucho de aquello, pero en Orduña era un secreto a voces –por esa infinidad de testimonios anónimos, que pasan de abuelos a hijos y de éstos a nietos, y muchas veces contados en voz baja por el miedo que, aún muchas décadas después, acarrea para el alma humana el ser el vencido de una guerra– que “a los prisioneros, en su mayoría republicanos y gudaris, se les enterraba a la entrada a la derecha de lo que llamaban cementerio civil, o tierra no sagrada, como si de malhechores se tratara”, recuerda la familia Oiarzabal-Madaria.
El libro que despertó la memoria
Sin embargo, no fue hasta la publicación en 2011 del libro Prisioneros en el campo de concentración de Orduña, del periodista laudioarra Joseba Egiguren cuando se comenzó a hablar abiertamente en esta ciudad vizcaína del oscuro pasado que encierran las paredes del actual colegio de los padres Josefinos de Murialdo. De hecho, es el primer trabajo de investigación sobre este episodio histórico silenciado durante cerca de 80 años, y ha revelado al mundo –a través de documentos civiles y militares, y estremecedores testimonios de sus últimos inquilinos– que alrededor de 50.000 prisioneros de guerra, procedentes sobre todo de los frentes de Bizkaia, Aragón y Cataluña, fueron recluidos “en condiciones deplorables” en el campo de concentración que el régimen franquista estableció entre 1937 y 1939 en lo que antaño fue el colegio de los Jesuitas y donde años antes había estudiado, curiosamente, el lehendakari José Antonio Agirre.
El trabajo sobre este campo de concentración, que entre 1939 y 1941 se reconvirtió en la citada prisión, que albergó a 5.000 reos, principalmente de Ciudad Real, Málaga y, sobre todo, de Badajoz, fue una especie de mazazo al férreo candado del silencio al que estaba sometida la memoria colectiva, transmitida, eso sí, en susurros de generación en generación.
Dos años después (junio de 2013) llegó la colocación de una placa en la fachada del cementerio local, “en memoria de los cautivos fallecidos en el campo de concentración y en la prisión central de Orduña, cuyos cuerpos fueron enterrados en algún lugar de este cementerio, y de quienes perdieron la vida en defensa de la libertad y en contra del fascismo entre 1936 y 1941”; así como otra conmemorativa que decora los jardines de la Foru Plaza.
A ellos se sumaron actos de homenaje con supervivientes y familiares de fallecidos, o la puesta en marcha de un servicio de ayuda, por parte del Ayuntamiento, a las familias que buscan información sobre las personas que de 1937 a 1941 fueron recluidas en el campo de concentración o en la prisión central de la ciudad por su lucha contra el fascismo.
Ahora, con la inauguración de este columbario por la dignidad de las víctimas que no han podido ser identificadas (el segundo de Euskadi, tras el construido en el cementerio Olaso de Elgoibar en enero de 2017), muchas décadas después, por fin podrán descansar en paz.
