La actividad inspectora de la Diputación alavesa en los servicios sociales del territorio se ha saldado en los últimos años con sanciones en firme "de todo tipo", según apuntó este lunes el diputado de Políticas Sociales, Emilio Sola, durante la presentación de las novedades en el Plan de Inspección foral.
Solo en el ámbito residencial y de viviendas comunitarias para personas mayores, que abarcan el grueso más importante de recursos de estas características, el Servicio de Registro e Inspección ha procedido a formalizar desde amonestaciones por escrito hasta multas económicas en 33 ocasiones desde el año 2019.
Dos en lo que va de año
En concreto, hubo 13 en ese ejercicio prepandemia, siete en 2020, once en 2021 y dos más en lo que va de 2022.
El titular de Políticas Sociales detalló que la sanción máxima interpuesta a un recurso residencial en ese mismo periodo se produjo "en época covid" y ascendió a un total de 60.000 euros.
El organismo inspector, en concreto, tomó esta determinación contra un recurso "por no atender instrucciones reiteradamente" y "mantener sujeciones sin prescripción médica".
Otra multa de 30.000 euros
Otra de las sanciones económicas más importantes formalizadas por el ente foral ascendió a 30.000 euros y fue "por no comunicar el cierre de un centro", algo que según recordó Sola es "de obligado cumplimiento".
En 2020, el primer año en pandemia, el Servicio de Registro e Inspección duplicó el número de controles realizados en comparación con el ejercicio anterior, hasta alcanzar casi los 200.
Mientras tanto, este 2022 se han llevado a cabo más de 50 inspecciones, según los datos aportados por Sola.
