El Gobierno y todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, han acordado este jueves, Día Internacional contra la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, un dictamen con 13 medidas que renuevan el Pacto de Estado contra esta lacra que el Congreso y el Senado aprobaron en 2017 y que caducaba en septiembre de 2022. Este acuerdo se materializó ayer en el Congreso, en un acto presidido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez y la ministra de Igualdad, Irene Montero, así como por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet y el presidente del Senado, Ander Gil. Además, acudieron representantes de PSOE, PP, Unidas Podemos, ERC, PNV, Ciudadanos, Junts, PdeCAT, EH Bildu, Coalición Canaria, Compromís, Más País-Verdes Equo, BNG y Teruel Existe.
El texto consensuado pone en valor el Pacto alcanzado hace cuatro años en el Congreso y el “consenso sin precedentes” que supuso “para consolidar una política de Estado frente a la violencia contra las mujeres en España, asegurar el cumplimiento de las obligaciones normativas en esta materia y garantizar la respuesta a todas las manifestaciones de la violencia machista, más allá de la violencia de género de la pareja o expareja”.
“La protección de los derechos de las mujeres y la erradicación de cualquier tipo de violencia machista se debe explicitar combatiendo de forma expresa los discursos negacionistas”, apunta también el documento. Las trece medidas acordadas por las principales fuerzas parlamentarias llaman a consolidar un sistema de cogobernanza, de cooperación institucional y de actuación especializada en la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones forales y en las entidades que integran la administración local. En este sentido, se recuerda la necesidad de respetar el ámbito competencial de las mismas y seguir “el espíritu del Pacto de Estado” de “situar a los municipios en el primer plano de respuesta”.
También se recoge el compromiso a una “financiación pública estable, suficiente, adecuada, con independencia del ciclo económico” que permita mantener las actuaciones y políticas frente a esta lacra. Pero, además, según se explica en el documento, en cumplimiento del Convenio de Estambul, el compromiso también pasa por garantizar la financiación de los fondos del Pacto para el desarrollo por parte de ONG, tanto estatales como autonómicas, de programas de prevención y sensibilización, así como de acompañamiento y atención a víctimas. Los firmantes de este texto también apuestan por asegurar la especialización profesional de todos los sectores que intervienen, directa o indirectamente, en la prevención de la violencia, en la atención a las víctimas y/o tienen relación directa con los perpetradores, especialmente en el ámbito de la justicia. Del mismo modo, proponen establecer la obligación de aprobar cada cinco años una Estrategia Estatal frente a la violencia contra las mujeres, como marco de política pública que ponga las bases para el desarrollo efectivo de la normativa sobre la materia; y hacer permanente el Plan Estatal de Sensibilización y Prevención. Este último, señala el texto, “deberá englobar las cuatro iniciativas principales: programas de educación; campañas institucionales de concienciación social, dirigidas en particular a hombres y niños; políticas dirigidas al sector de las tecnologías de la información y los medios de comunicación, con especial atención a la prevención”.
