"En la pandemia no hemos notado el apoyo de la oposición, pero quedan dos años para sentarse a hablar"

-La afección en la Diputación ha tenido que ver fundamentalmente con la gestión de los recursos sociales, y esa respuesta fue muy complicada en un primer momento, la sociedad no estaba preparada para una pandemia de este tipo. Enseguida trabajamos en protocolos, en mejoras de personal, en adquisición de EPIs, para dar una respuesta lo más rápida posible. También actuamos a nivel sanitario con el propio personal de la Diputación y del Instituto Foral de Bienestar Social, facilitando el teletrabajo, y creo que la Diputación ha estado a la altura en una crisis de estas dimensiones y con todas las dificultades que ha habido.

Hubo decenas de muertes en las residencias, situaciones muy duras para internos y plantillas. ¿En qué medida ha modificado todo esto los planes de la Diputación para el nuevo modelo de atención que preparan?

-Al principio de la legislatura estaban ya marcadas las líneas generales, pero la crisis ha puesto en el centro la importancia del cuidado de las personas que por su situación de dependencia más ayuda necesitan de las instituciones, de sus familias y de su entorno social. La pandemia nos ha ayudado a entender mejor esa necesidad y a orientar mejor esa política de cuidados. El futuro de las políticas sociales en Álava pasa por intentar que el mayor número de personas posible, cuando llegan a una edad y necesitan cuidados, puedan quedarse en sus casas, que es lo que pretende el programa Etxean Bai. Pasa también por el programa Gizarea, establecer una política de cuidados en el ámbito residencial basada en las personas y en sus relaciones con las familias y su círculo más cercano. Ahora se trata de dar los pasos necesarios para implementar estas políticas.

¿Han encontrado el respaldo de plantillas, usuarios y familias a estos planteamientos que precisan de su implicación?

-El programa Gizarea está teniendo un apoyo masivo. Era un reflexión necesaria, y además del apoyo de plantillas, usuarios, familiares y colectivos del tercer sector, también creo que tendremos un apoyo político importante porque hace unos días el diputado de Políticas Sociales, Emilio Sola, compareció en las Juntas y recibió el respaldo unánime de los grupos.

El pasado martes anunciaba usted unos datos económicos positivos. ¿La recuperación se está consolidando?

-Álava está a 900 desempleados de recuperar las cifras anteriores a la pandemia. En el verano de 2020, se llegaron a perder 8.000 empleos, y se han recuperado 7.000. Lo mismo cabe decir de la recaudación, ha sido muy importante, todavía no estamos en datos anteriores a la pandemia, pero sí en el camino de conseguirlo.

Entonces, ¿darán por finalizadas las exenciones, bonificaciones y otras medidas tributarias excepcionales? ¿Es hora ya de abordar la reforma fiscal que pide la oposición? ¿Es necesario evaluar previamente el resultado de las anteriores en un escenario ordinario?

-La Hacienda alavesa nunca se había dedicado de forma tan intensa a afrontar una situación de crisis. Han sido continuos los decretos normativos de Urgencia Fiscal para ayudar sobre todo a pymes, micropymes y autónomos. No se puede hacer una evaluación seria de la situación a nivel de fiscalidad todavía con pérdida de recaudación. Cuando podamos decir que la crisis económica provocada por el covid-19 sea pasado tenemos que abordar un compromiso de las instituciones, la evaluación de las dos modificaciones tributarias de los últimos años, la del IRPF y la del Impuesto de Sociedades, pero con datos en la mano.

¿Han acogido con sorpresa el fallo que obliga a Tubacex a readmitir a las 129 personas incluidas en el ERE judicializado?

-La situación que se está planteando en torno al conflicto de Tubacex me preocupa. Desde el principio de esta crisis hemos mantenido que era necesario ir a una solución acordada, y que además había que intentar que supusiera la no destrucción de empleo, que había fórmulas, que había que ponerse a trabajar. Se entró en un proceso judicial que no ha acabado, la resolución judicial no es firme, se ha anunciado recurso por parte de la empresa, y yo creo que todavía cabe retomar la negociación y buscar un acuerdo. Es importante que se mantenga el empleo y también que se mantenga la empresa en Ayala, las dos cosas son importantes y hay que procurar que las dos cosas se produzcan. La judicialización de este proceso provoca un desencuentro entre las partes, y ese desencuentro no es bueno para el futuro de Ayala.

En cuanto a la Rioja Alavesa, ¿coincide con el Ministerio de Agricultura en que Viñedos de Álava podría no tener encaje en la reglamentación europea?

-Viñedos de Álava es una iniciativa empresarial de un grupo de bodegas que cree que lo mejor para su futuro es una denominación diferenciada de la denominación Rioja, y como cualquier iniciativa empresarial merece el respeto de todas las instituciones. Pero más allá de la apuesta de cada empresa o cada institución, hay una realidad imborrable. Cada vez más voces dentro de la Denominación Rioja cuestionan su deriva, no sólo en la Rioja Alavesa, también la Comunidad de La Rioja.

¿En qué sentido?

-Hay un cuestionamiento del modelo porque con la globalización lo que se necesita es un producto que apueste por la calidad y la diferenciación, y cerrar los ojos ante esta realidad, como creo que esta haciendo el Consejo Regulador, y también el Ministerio de Agricultura, no va a ayudar a solucionar los problemas.

¿Entonces?

-La Diputación Foral de Álava tiene una propuesta concreta, una denominación Rioja Alavesa dentro de la denominación Rioja, que no va contra nadie, que no debe molestar a nadie. Cuanto más tiempo se tarde en asumir esta propuesta, que tarde o temprano se tendrá que asumir, peor para las bodegas y los vitivinicultores del conjunto de la denominación. Mi mensaje al nuevo presidente del Consejo Regulador es claro; es importante hablar, se puede construir y para eso el Consejo tiene que asumir la necesidad de introducir cambios de calado.

¿Hasta qué punto la puesta en marcha del proceso de diseño del nuevo Plan General de Vitoria es relevante para las apuestas de futuro del territorio, habida cuenta de que dibuja el boceto del futuro VIAP de Foronda y de la ampliación de Miñano?

-En el Ayuntamiento se lleva demasiado tiempo con una política por parte de la oposición que no ha ayudado a desarrollar estos proyectos, y cada vez es más compartida la reflexión de que es necesario abordarlos con la mayor rapidez posible. El motivo es que necesitamos ya disponer en el entorno de Vitoria de parcelas de gran tamaño, porque hay actividades económicas interesadas en instalarse y necesitan esas parcelas. Yo espero que al margen del Plan General, que va a tardar todavía un tiempo, ya se den pasos en el Ayuntamiento, sobre todo para poder disponer de terreno en Miñano.

Hablaba de la oposición en el Ayuntamiento de Vitoria ¿Cómo valora el papel de la oposición en estos dos años en las Juntas? ¿Les han dejado desde el Gobierno de mayoría absoluta margen para aportar? ¿Han sido estos partidos propositivos?

-Hay un gobierno que tiene una mayoría clara, que tiene un plan de gobierno y un proyecto para la sociedad alavesa que ha sido validado en las urnas, que tiene un contrato que cumplir con la sociedad. La oposición tiene que decidir si está dispuesta a colaborar, introduciendo parte de sus políticas en ese acuerdo de gobierno, si está dispuesta a tener influencia, o si prefiere hacer una oposición no constructiva, que busque desgastar. Durante la pandemia no hemos notado ni el apoyo ni el aliento de la oposición en absoluto, pero todavía quedan dos años de legislatura que van a marcar el futuro del territorio tras la salida de la crisis. Yo vuelvo a insistir en que las puertas de la Diputación están abiertas para sentarse a hablar, pero lo que no pueden pretender es sustituir el programa de gobierno foral que tiene el aval de la mayoría de alaveses por el de la oposición, y veces tengo la sensación de que eso es lo que quieren.

Uno de los frentes claros en los dos próximos años es el de la implantación de las energías renovables. ¿Puede la Diputación garantizar que el daño medioambiental de esa transición será el mínimo posible sin un Plan Territorial Sectorial de las Energías Renovables actualizado?

-La implantación de proyectos de energías renovables está bajo el control de la Administración, es un proceso reglado, con unas garantías ambientales y la decisión final corresponde a las administraciones. Es imprescindible la implantación de proyectos de energías renovables en Álava, sería una irresponsabilidad absoluta no hacerlo, una dejación de las obligaciones que tenemos para con el planeta.

Sin embargo, el marco de protección no está actualizado, y eso podría suponer un riesgo.

-Hay instrumentos suficientes por parte de las administraciones públicas como para garantizar que los proyectos que se conviertan en realidad respeten la biodiversidad. Lo que ocurre es que no podemos convertir las ideas en proyectos. Cuando una empresa plantea que quiere instalarse en determinada zona y busca suelo, eso no es un proyecto, es una idea. Si se convierte en un proyecto o no lo va a acabar decidiendo la Administración. Hay control, garantías y la firme decisión política de impulsar las energías renovables de forma decidida y garantista con respecto a los emplazamientos. Insisto, hay mecanismos suficientes como para que la última palabra la tenga la Administración. Pero además, Álava es un territorio que consume muchísima energía porque es un territorio industrial, y debemos decidir si estamos dispuestos a trabajar para que esa energía sea renovable o preferimos esperar a que otros territorios avancen en esa generación de renovables. Ante esa disyuntiva la posición de la Diputación y del diputado general es clara; es urgente, imprescindible, abordar proyectos de energías renovables en el territorio.

Mediada la legislatura, ¿se puede decir que la coalición PNV-PSE trabaja sin fricciones?

-Este es un gobierno que trabaja como un gobierno, aunque sus miembros pertenezcan a dos partidos distintos. En el día a día no se nota una diferencia porque tenemos una hoja de ruta compartida, que es el acuerdo de gobierno, un proyecto común que hace que trabajemos todos con el mismo fin, la mejora del territorio.

Recientemente sí ha habido un amago de choque entre partidos, con unas declaraciones del consejero vasco socialista Iñaki Arriola en torno a una llegada del TAV a Vitoria provisional y en superficie. ¿Ha afectado en alguna medida en el Consejo de Diputados?

-Yo insisto en que en las políticas forales hay una hoja de ruta común, un proyecto compartido. Sí creo que es importante poner de manifiesto que es urgente la llegada de la alta velocidad, hemos conocido hace muy poco (en DIARIO NOTICIAS DE ÁLAVA) la aprobación de la declaración de impacto ambiental del tramo Burgos-Vitoria. Es una buena noticia para la Diputación porque hizo un trabajo intenso para mejorar el proyecto que ha sido tenido en cuenta por el Ministerio, que ha asumido en su práctica totalidad nuestros planteamientos para minimizar el impacto ambiental, pero de la misma manera pido ese impulso, esa rapidez y agilidad para la entrada soterrada en Vitoria, un compromiso compartido de los gobiernos español y vasco, de la Diputación y del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Hay que abordar con la mayor celeridad posible esa llegada soterrada para que se produzca al mismo tiempo que la llegada de la alta velocidad.

¿ Y ve trabas en el horizonte a ese abordaje ágil para el soterramiento, vista la polémica?

-Las instituciones tenemos que cumplir nuestros compromisos, si los cumplimos no deberían existir trabas.

Y en cuanto al transporte por carretera, ¿debe la ciudadanía alavesa ir haciéndose a la idea de que tendrá que pagar por usar su red viaria? La ponencia de las Juntas va despejando cada vez más las incógnitas a ese respecto.

-Voy a ser respetuoso con el trabajo de la ponencia. Se decidió a principio de la legislatura activarla porque tocaba hacer una reflexión sobre el mantenimiento de nuestras carreteras vinculada con la asunción por parte de la Diputación de dos grandes infraestructuras viarias, el tramo alavés de la AP-1, hasta hace poco en manos del Estado, y la AP-68. El coste de mantenimiento se incrementa de forma significativa y buscábamos una reflexión compartida por todos los grupos. Hay grupos que ya se han manifestado antes de que concluya la ponencia, y yo prefiero esperar antes de posicionarme. El territorio alavés es un territorio de paso por el que cada día transita un número muy importante de vehículos pesados que ni salen de Álava ni llegan a Álava. Vamos a esperar.

En abril las diputaciones alavesa y burgalesa renovaron el Acuerdo Marco de colaboración para atender a la población de Trebiño. ¿En que medida estas políticas efectivas pueden enquistar el problema de fondo del enclave?

-El protocolo parte de una realidad; esta es una situación anómala. El hecho de que tanto la Diputación de Burgos como la de Álava compartan ese punto de partida ya es importante. Es una situación anómala que hay que resolver, pero mientras tanto también hay que procurar que las personas que viven en Trebiño tengan los mejores servicios posibles, es una responsabilidad directa de la Diputación Provincial de Burgos, pero la Diputación Foral de Álava considera que también es su responsabilidad, porque considera que Trebiño forma parte de Álava, aunque no sea con carta legal. Es importante destacar que también apoyan esta fórmula los dos ayuntamientos del enclave, porque solo con un consenso amplio la Diputación estaba dispuesta a seguir por la vía de los convenios.

¿Atenderán las instituciones implicadas en la creación del Memorial de 3 de Marzo a la petición de que las víctimas sean un agente activo en su gestación y en su gestión?

-Es muy importante resaltar el paso que hemos dado entre el Ayuntamiento de Vitoria, el Gobierno Vasco, el Obispado y la Diputación para poder disponer del espacio físico en el que va a ir ese memorial. No podía estar en otro lugar. Las instituciones tienen que tener un papel importante en la gestación y gestión de ese centro, pero las víctimas tienen que tener también un papel, y así se lo hemos transmitido.

"La pandemia nos ha ayudado a entender mejor la necesidad de poner en el centro el cuidado de las personas dependientes"

"La judicialización del proceso de Tubacex provoca un desencuentro entre las partes, y ese desencuentro no es bueno para Ayala"

"Es urgente abordar proyectos de energías renovables, y hay mecanismos para que la última palabra la tenga la Administración"