- La Ertzaintza, en el marco de una operación contra el expolio arqueológico del Patrimonio Cultural Vasco, ha recuperado más de 20.000 piezas obtenidas ilegalmente y ha procedido a la puesta a disposición judicial de un detenido y tres investigados, acusados de formar parte de un grupo criminal dedicado al expolio continuado de cuevas y yacimientos en Álava, principalmente, pero también en otras provincias limítrofes como Navarra o Cantabria. Todo el material intervenido, múltiples elementos y herramientas de sílex, restos óseos, fragmentos de cerámica y metales, ha sido trasladado al Museo de Arqueología de Araba para su catalogación y estudio, según informó ayer el Departamento de Seguridad.

La operación, la primera de estas características que h realizado la Ertzaintza y una de las más importantes a nivel del Estado, ha estado liderada y coordinada por agentes especializados de la Sección Central de la Policía autonómica, con la participación de agentes del Servicio de Investigación Territorial de Araba (SICTA), de Protección Ciudadana de la comisaría de Vitoria y de la Policía Foral de Navarra, contando también con el apoyo técnico de arqueólogos del Servicio de Museos y Arqueología de la Diputación de Álava. La investigación, dirigida por el juzgado de instrucción número 4 de Gasteiz, se encuentra bajo secreto de sumario sobre las actuaciones.

El caso se abrió en el mes de junio pasado, tras una reunión en el Ayuntamiento de Asparrena, a la que acudieron representantes de los ayuntamientos de la Llanada Alavesa, de la Diputación de Álava, arqueólogos que trabajan en la zona y agentes de la Ertzaintza. En aquella reunión se trató el “grave problema” de daños y sustracción de vestigios históricos que se estaba detectando en diversos yacimientos alaveses, especialmente en las demarcaciones de Asparrena y Agurain. Tras aquel encuentro, la entidad foral interpuso varias denuncias por expolio arqueológico. Debido a la complejidad y gravedad de los hechos, las denuncias fueron asumidas por agentes especializados en la investigación de delitos contra el patrimonio cultural pertenecientes a la sección central de la Ertzaintza, concretamente de la sección de Medio Ambiente y Urbanismo y de la sección de Patrimonio. En su manera de actuar, los detenidos se documentaban de manera previa para seleccionar objetivos.