- El Ayuntamiento de Vitoria ha denunciado el apoyo que dieron varios expresidentes del Gobierno español en una carta al exministro del Interior Rodolfo Martín Villa, acusado de delitos de lesa humanidad por la muerte de 12 personas entre 1976 y 1978, antes de su declaración por videoconferencia ante la jueza argentina María Servini.

Entre esas muertes se incluyen las de los cinco trabajadores a los que mató la Policía en Gasteiz durante el desalojo de la iglesia San Francisco de Asís el 3 de marzo de 1976, otras seis entre 1976 y 1977 durante su mandato al frente de Interior, y otra en Pamplona, en los Sanfermines de 1978. Los expresidentes Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy enviaron diversas misivas el pasado mes de septiembre a Servini para apoyar a Martín Villa antes de su declaración telemática.

Además de rechazar el apoyo por parte de los expresidentes, Vitoria ha agradecido el trabajo de la jueza para acabar con "la impunidad de los crímenes del franquismo" y ha reclamado que la Justicia española investigue y enjuicie "los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura" y la Transición y, en particular, aquellos cuya responsabilidad pudiera recaer en Martín Villa.

Este acuerdo municipal será trasladado al Ministerio de Justicia, así como a los presidentes de la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, a la Fiscalía General del Estado y al Juzgado Nacional de lo Criminal argentino.

Así aprobaron ayer en Pleno los grupos municipales de PNV, EH Bildu y Elkarrekin Vitoria con el fin de dar "un empuje mayor" a la solicitud presentada por la Asociación de Víctimas del 3 de marzo, frente a la negativa de PSE-EE y PP.

El portavoz Martxoak 3, Josu Ibargutxi, agradeció el apoyo explícito a la jueza Servini para que siga adelante con la causa, "a pesar de las presiones políticas" que padece, y reclamó que se cumpla la jurisdicción internacional en España, ya que al tratarse de crímenes contra la humanidad, "no opera la prescripción" y los delitos "no pueden ser amnistiados ni indultados".

Los grupos que apoyaron la moción denunciaron "los intereses" que hay para que no se esclarezca la verdad, reclamaron acabar con "la impunidad" y depurar responsabilidades para obtener "el derecho a la verdad, reparación y memoria".

Socialistas y populares no secundaron la moción ya que, a su juicio, "no procede entrar a valorar a la justicia ni las declaraciones de expresidentes de este país".