vitoria - A la plataforma vasca contra los crímenes del franquismo no le ha gustado nada el reciente anuncio del Gobierno Vasco de que está trabajando en una ley de memoria histórica de ámbito autonómico, pero no precisamente por el fondo de la cuestión, sino por las formas. Según denunciaron ayer en Gasteiz representantes de este colectivo, la propuesta del gabinete de Iñigo Urkullu se conoció apenas dos días después de que la propia plataforma registrarse en el Parlamento Vasco una iniciativa legislativa popular (ILP) para impulsar una ley de las mismas características y el PNV tenía además “perfecto conocimiento” de sus intenciones.

Se trata, a juicio del portavoz de la plataforma, Josu Ibargutxi, de una manera de “estrangular” la propuesta plasmada en la ILP, que a la vista de estos últimos acontecimientos ha sido suspendida. El colectivo, pese a todo, aplaudió el “giro de 180 grados” del ejecutivo autonómico” e hizo un llamamiento público a “huir de partidismos” y a que la ansiada ley de memoria histórica “venga cuanto antes”, pero al menos teniendo en cuenta el borrador que ha servido como base para la ILP. “Esperemos que tengan esa consideración”, apuntó Ibargutxi. La iniciativa consta de un total de 80 artículos y su elaboración y tramitación ha supuesto “un coste económico muy importante”, además de “logístico y humano”, según denunció Andoni Txasko, portavoz de la asociación de víctimas del 3 de marzo. Txasko, también muy molesto, tildó de “impresentable” y de “sorpresa morrocotuda” la actitud tomada por Lakua.

Según recordaron Ibargutxi y Txasko, a quienes acompañaron en su denuncia pública Nerea Martínez (Martxoak 3) y Maite Bujanda, nieta de un concejal socialista de Arrasate asesinado por el régimen franquista en 1938, la decisión de impulsar la ILP fue tomada por la plataforma en febrero de este 2019, ante el “impasse clarísimo” que se había instalado en el Parlamento Vasco en esta materia. Una primera propuesta de ley sobre esta materia de Elkarrekin Podemos había sido rechazada en noviembre de 2017 y otra iniciativa similar de EH Bildu siguió el mismo camino en 2018. Posteriormente, todos los partidos con representación en la Cámara de Gasteiz, salvo el PP, acordaron encargar al instituto Gogora la realización de un informe para identificar las necesidades de las políticas públicas de memoria. Éste fue presentado en noviembre de 2018 y, en él, los expertos contratados “dejaron recomendaciones precisas a favor de una ley de memoria histórica”, según recordó ayer el colectivo, que sin embargo decidió tomar la iniciativa ante la falta de avances y la recomendación de varios representantes políticos de que presentase la ILP.

Según la plataforma, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PSE, la otra formación política que sustenta el Gobierno Vasco, le animaron a tomar este camino que ahora se ha visto bruscamente interrumpido. “Esperemos que el PNV y el Gobierno Vasco tengan en cuenta lo más importante, que las víctimas son las que esperan desde hace muchos años una ley vasca de memoria histórica”, zanjó Ibargutxi.

artículos. Contiene la iniciativa legislativa popular (ILP) presentada, y ahora suspendida, por la plataforma contra los crímenes del franquismo