Vitoria - La Hacienda foral alavesa insiste en que legalmente no puede reabrir los casos de las liquidaciones de las mujeres que solicitaron la devolución del IRPF de maternidad antes de la sentencia del Tribunal Supremo.

El diputado foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, José Luis Cimiano, mostró ayer su “sorpresa” por el hecho de que los grupos junteros de la oposición hayan reclamado a la Diputación que devuelva las prestaciones, como hizo el PP, que en nota de prensa instó a la Hacienda alavesa a que “inicie una revisión de oficio y revoque los actos que procedan para poder dar respuesta a las madres que reclamaron antes de la sentencia por criterios de justicia, equidad y no discriminación”.

Cuatro representantes del grupo de mujeres alavesas que se encuentran actualmente en esta situación -unas cincuenta familias, aunque el número concreto se desconoce, según subrayaron- comparecieron ayer en las Juntas Generales para denunciar su situación y exigir que el fisco alavés les devuelva también las cantidades del IRPF que les corresponden y que en su caso reclamaron antes de que se conociera la sentencia del Tribunal Supremo, que fue la que creó jurisprudencia. Sin embargo, al haber solicitado la revisión de sus casos antes de la citada sentencia y haber sido rechazadas por parte del fisco alavés, la Diputación apunta que sus liquidaciones no pueden volver a ser revisadas de nuevo y recibir así las cantidades derivadas del IRPF.

Además de la legislación actual, la institución foral subraya que los informes técnicos “se expresan en la misma línea” y recuerdan que “ocurre lo mismo cuando alguna sentencia judicial sienta doctrina perjudicial para el contribuyente”. “Tampoco en este caso la Hacienda puede reclamar nada a la ciudadanía. La ley impide a toda administración extender cualquier doctrina judicial a los actos firmes y no admite modulaciones en función de casos concretos. Si el acto es firme lo es a todos los efectos, positivos o negativos”, destacan.

Cimiano cuestionó a la oposición si “acaso quieren que el ejecutivo foral incumpla la ley”. “Es populista, oportunista e irresponsable utilizar un colectivo de ciudadanas para desinformar a la opinión pública sobre las posibilidades reales que tienen las administraciones de aplicar sentencias. Ninguna decisión política tiene capacidad de cambiar esta situación”, aseguró el diputado de Hacienda. - D. Ortega / Foto: A. Larretxi